Así lo pusieron de manifiesto durante un encuentro organizado por la agencia de noticias Servimedia con el título ‘Tras 40 años de la Lismi es la hora de modificar el artículo 49 de la Constitución’.

Para ello, se mostraron partidarios de organizar una “jornada parlamentaria” o algún tipo de “reunión presencial en el Congreso de los Diputados”, con el objetivo de recuperar el consenso que en 2018 sí existió en torno a la modificación del citado artículo, ya que ahora no cuenta con el apoyo de PP y Vox.

Planteó primero la idea Marcial Gómez, director general de Personas con Discapacidad e Inclusión de la Junta de Andalucía y diputado por Ciudadanos en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso, donde participó en los trabajos para la redacción de una propuesta de consenso sobre dicha reforma en 2018.

A su juicio, “sería interesante organizar algún tipo de encuentro, un lobby de presión', para que (este tema) vuelva al Congreso y desde allí sensibilizar” sobre su importancia.

Tomó el testigo Íñigo Alli, exdiputado de UPN y miembro de la citada Comisión, quien se mostró a favor de la propuesta. Subrayó “la disposición al diálogo” que entonces existió por parte de todos los grupos, por lo que consideró “interesante” celebrar una jornada en el Parlamento a la que asistan los responsables actuales y también quienes participaron en el primer texto de consenso.

Impulsado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), este primer anteproyecto de reforma vio la luz en diciembre de 2018, basado en la propuesta elaborada por la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso, donde contó con el respaldo unánime de todos los grupos con representación parlamentaria. Tal acuerdo quedó plasmado en una fotografía donde aparecen varios de los participantes en el encuentro de hoy.

La convocatoria de elecciones en 2019 hizo que el proyecto decayera, por lo que en mayo de 2021, el Ejecutivo aprobó un nuevo texto muy similar a la propuesta anterior. Sin embargo, esta vez PP y Vox votaron en contra de su tramitación parlamentaria, por lo que, de mantener ambos grupos su postura, la norma no será finalmente aprobada (en tanto que reforma de la Constitución precisa de un apoyo de tres quintas partes del Pleno en ambas cámaras).

RESPALDO GENERAL

También la diputada de ERC Carolina Telechea recogió el guante, convencida de que sería muy conveniente que se pudieran ver "todos de forma presencial y hacer presión para recuperar ese consenso que yo creo que, salvo en el caso de Vox, sigue existiendo”.

Por eso, pidió “dejar a un lado los sombreros y los colores políticos para centrarnos en los derechos de las personas con discapacidad” y no recurrir a “excusas baratas sobre el melón constitucional porque nunca será el momento idóneo”. “Si hay acuerdo en modificar este artículo creo que puede hacerse”, resaltó.

Por su parte, Paco Vañó, exdiputado del PP y portavoz en varias comisiones (entre ellas las de discapacidad), se mostró convencido de que “finalmente habrá acuerdo sobre la reforma” y que esta saldrá adelante porque “es necesario modificar el artículo 49".

Lo que en su opinión resulta discutible es “el momento de oportunidad con el Gobierno de coalición actual”, donde existen “tensiones divergentes” que podrían aprovechar la reforma de este artículo con otros fines.

“Nos piden que no utilicemos la excusa del melón constitucional pero es que hay sospechas fundadas de que esto puede suceder” y puso como ejemplo “el reciente real decreto que incluía el aumento de las pensiones con la convalidación de la obligatoriedad de las mascarillas". "Con estas técnicas se desvirtúa el funcionamiento parlamentario”, afirmó.

Con todo, Vañó aplaudió la idea de celebrar una jornada parlamentaria para tratar de acercar posturas y conseguir que la reforma que, a su juicio, “es necesaria” pueda ver finalmente la luz.

También apoyó esta propuesta el socialista Joan Ruiz, actual presidente de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, quien lamentó “que el ambiente político se ha enrarecido en estos últimos años”.

A su juicio, la postura del PP obedece a la irrupción de Vox, “con quien mantiene una competición por ser el partido de referencia de la derecha”. “Si están de acuerdo, como lo están, con el contenido, este cambio de postura solo se explica por la radicalización” que ha imprimido Vox, aseveró.

De ahí su escepticismo respecto a una pronta aprobación, ya que “vienen unos meses con distintos comicios electorales”, con lo que indicó que podría ser útil "crear una comisión o algo similar para ver si podemos otra vez tirar de esto".

Ruiz propuso “no hablar de reformar la constitución", sino de “perfeccionarla, adaptar la Carta Magna a los cambios sociales para actualizarla”. En su opinión, hablar de ”perfeccionar” sería más adecuado y podría ayudar a “disipar sospechas sobre las intenciones del PSOE que, ya le digo, no hablamos de ningún otro cambio”.

Asimismo, afirmó que “si se trata de ofrecer más garantías” en este sentido “nosotros estamos dispuestos a hablar para llegar a un acuerdo” que el PP pueda apoyar.

También defendió el diálogo Jordi Xuclá, exdiputado del PDCat y presidente de la Comisión en 2018, quien animó a los grupos a buscar acuerdos sobre ese 10% o menos del texto que puede diferir de la versión de 2018, “si es que ese es el problema”. "Si quieren dejar su huella, que hagan sus propuestas".

Xuclá coincidió con su antiguo compañero del grupo catalán en esta misma comisión, Carles Campuzano, en la necesidad de aprobar esta reforma y de recuperar el consenso mediante el debate parlamentario, por lo que ambos respaldaron la propuesta de Gómez.

También lo hizo Íñigo Barandiaran, portavoz del PNV en la actual comisión de discapacidad, quien recordó la voluntad de consenso que sí existió en 2018 y sostuvo que “el problema en la actualidad es de oportunidad política”, porque "el debate está viciado".

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos Marisa Saavedra valoró de forma muy positiva la disposición al diálogo mostrada por todos los participantes y la iniciativa de celebrar algún tipo de reunión para impulsar el acuerdo.

En su opinión, “es hora de dejarnos de politiqueríos y poner los intereses de las personas con discapacidad en el centro”, por lo que "hizo una llamada al diálogo entre todos".

UN CAMBIO DECISIVO

Según Campuzano, la reforma del artículo 49 de la Constitución “va más allá de la sustitución del término disminuido por el de personas con discapacidad”, puesto que “reconoce en positivo los derechos del colectivo”, lo que facilitará su defensa y las reclamaciones ante posibles vulneraciones.

“No se queda en un simple cambio cosmético”, apuntó, ya que implica remplazar “una política social que en ocasiones ha podido pecar de paternalista y de no defender de forma adecuada los derechos” de estas personas por otro modelo “donde sus derechos al empleo, a la educación o a la accesibilidad estén mejor garantizados y ellas puedan, por ejemplo, decidir qué tipo de servicios sociales quieren utilizar”, sin someterse a la voluntad de la Administración.

Para Marisa Saavedra, “estamos ante un cambio tremendo a nivel social con repercusiones en la vida diaria de las personas con discapacidad” y por ello resulta “imperativo que se recoja” en la Constitución.

Alli explicó que en su redacción actual, el artículo 49 de la Constitución parte del enfoque médico rehabilitador vigente en el 78 que se ha visto superado por el modelo social de discapacidad, que entiende esta en función de las desventajas fruto de la interacción entre la persona con su entorno social y las barreras que este impone. Por ello, “debemos adaptarlo” insistió. Pidió “no tener miedo a la reforma constitucional que sería, además, la primera reforma social de este texto.

“Viene además avalada por el Cermi y por organizaciones como el Grupo Social ONCE”, por lo que “como políticos, expolíticos y personas comprometidas con la discapcidad, debemos elevar ese nivel de exigencia”, concluyó.