A su juicio, desde que se conoció la presunta existencia del fraude, en 1990, hasta la detención de los supuestos responsables "ha pasado mucho tiempo", por lo que exige una mayor celeridad en la investigación de este tipo de casos mediante "mecanismos que en poco tiempo permitan ponerlos a disposición de la Justicia" e impedir así que "durante cuatro años puedan estar practicando irregularidades".

Antonio Romero considera qu "no se puede evitar" que en un colectivo tan amplio como la Guardia Civil existan "garbanzos negros o gente que se quiera aprovechar corruptamente de los recursos del Estado".

Sin embargo, el diputado de IU por la provincia de Málaga ha reclamado que "una vez probada su responsabilidad", los guardias civiles responsables del fraude "sean expulsados inmediata y automáticamente del cuerpo".