La diputación reclama en el juzgado por dicho caso 900 millones de pesetas a Alberto López y al constructor Iñaki Ereño, a los que acusa de un fraude de 570 millones en la edificación de un inmueble por la mala cnstrucción de los cimientos, con la que supuestamente consiguieron un ahorro por el citado importe.

El responsable de Urbanismo de la Diputación de Vizcaya, Pedro Hernández, señaló hoy en Bilbao que "se han sacado las cosas de quicio" al intentar explicar el revuelo suscitado por este nuevo proyecto, cuya adjudicataria es la empresa Altau, S.A. propiedad de Alberto López, y aseguró que dicho contrato se realizó en el 93, antes de que apareciera el "caso Azpiegitura".

El titular de Urbanismo de Vicaya ha reconocido que él llevó el asunto al Consejo de Gobierno y que desconocía en ese momento quien era el adjudicatario, por la cantidad de empresas que trabajan con su departamento.

"El asunto es que esta Diputación no está subvencionando al ciudadano Alberto López". "Y este departamento no se dedica a mirar quienes son los propietarios de las empresas que contratan los ayuntamientos para hacer sus modificaciones de planeamiento, es decir, ni este departamento ni este diputado tiene un sentido dela acción política tan absolutamente manipulador como para hacer eso", agregó Hernández.