En la defensa de esta iniciativa, el portavoz de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, advirtió al Ejecutivo de que "la relegalización de Batasuna, aunque se salten la ley hasta el último extremo, es imposible". Agregó que la "organización terrorista utilice un nuevo rostro político para presentarse a las elecciones, mientras ETA exista, es jurídicamente imposible".

"En lugar de maquinar fórmulas para la relegalización", lo que tiene que hacer el Ejecutivo, agregó, es "impedir que se presente un nuevo partido político a las elecciones y tenga las ventajas de un partido legal, y si no lo hacen, ser conscientes de que, rompiendo la Ley de Partidos, rompen uno de los principales activos contra el terror".

Astarloa acusó al Gobierno de permitir que haya una "ETA legal" al lado de la que se dedica a "pegar dos tiros", lo que significa un "retroceso brutal en un camino que hace sólo dos años estaba terminando con éxito".

Reprochó al Ejecutivo que asegure que la Ley de Partidos está en vigor cuando "la han matado", al permitir que el Partido Comunista de las Tierras Vascas esté en las instituciones, "normalizar la presencia de los líderes de Batasuna" en actos públicos, "convirtiendo en actor político a una formación ilegalizada".

A esto se añade que "se han reunido con ellos convirtiéndolos en interlocutores políticos, relegalizando de facto al partido ilegal", y se ha acordado la convocatoria de una mesa de partidos "para la negociación política para el pago de un eventual precio político".

CONDENA AL FRANQUISMO

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, en una breve intervención, dijo que "toma nota" de la intención del PP de "dinamitar el proceso de paz", y advirtió al PP de que, con una ley como la de partidos, una formación "que no condena los crímenes del franquismo puede ser ilegalizado; como no creo en los inquisidores, no creo que éste sea el problema en nuestro país".

Los portavoces de CiU, ERC, PNV y el Grupo Mixto, Josep Antoni Duran i Lleida, Joan Puig, Emilio Olabarría y Francisco Rodríguez, renunciaron a su derecho a intervenir por considerar que ya se ha debatido suficiente en esta reunión de la Diputación Permanente sobre los postulados del PP ante el proceso de paz.

En portavoz de Justicia del PSOE, Julio Villarrubia, negó que se haya solicitado a los servicios jurídicos del Estado un informe sobre la legalización de Batasuna, motivo en el que el PP sustentaba la petición de comparecencia de López Aguilar.

"OPOSICIÓN IMPRESENTABLE"

"No hay oficio ni solicitud formal de informe en los registros de este Ministerio sobre esta materia, y si hubiera algún tipo de informe o documento sería uno de tantos cientos de documentos que los servicios jurídicos del Estado pudiera tener", explicó.

El diputado socialista sentenció que la petición de comparecencia del PP es una "trampa, filibusterismo", y revela una "forma de hacer oposición absolutamente impresentable", al poner "palos en la rueda del carro".

Astarloa replicó que el Gobierno pretende "echar la persiana hasta el 30 de septiembre, pero nos digan lo que nos digan a cada una de las cosas que signifiquen que violan la ley o están faltando a la transparencia obligada, vamos a pedirles en nombre de todos los ciudadanos que lo expliquen, y lo van a acabar explicando".