En este sentido, recordó que los datos anuales de empleo de las personas con discapacidad que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran una clara bajada tanto en la tasa de actividad como en la de empleo de las personas con discapacidad intelectual de 2 y de 2,8 puntos, respectivamente.

Por este motivo, Dincat insistió en la necesidad de continuar trabajando para dignificar el trabajo y la calidad de vida de estas personas, así como en la importancia de garantizar la viabilidad de los Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa social que, subrayó, son los que más personas con “especiales dificultades” emplean.

Sobre ellos, la organización recordó que su situación financiera es delicada, motivo por el cuál reivindicó la necesidad de acompañar el incremento del Salario Mínimo Interprofesional con un incremento de las subvenciones que éstos reciben, para garantizar con ello los puestos de trabajo de sus trabajadores y la creación de nuevos. En concreto, reclamó subir las subvenciones, actualmente situadas en un 55%, hasta el 75%, según las dificultades de inserción laboral.

“Cada vez que se aumenta el SMI sin medidas alternativas para los Centros Especiales de Empleo, se ponen en peligro miles de puestos de trabajo de personas con discapacidad intelectual y con trastornos de salud mental” afirmó el director de la entidad, Carles Campuzano. “Es necesario que la administración evalúe el impacto de estos incrementos del SMI en el mantenimiento y la creación de empleo para las personas con más dificultades de inserción en el mercado de trabajo y actúe en consecuencia” añadió.

En este sentido, y poniendo en el centro el mantenimiento de puestos de trabajo, el sector reclamó a la administración un plan de choque que palíe los efectos de la pandemia, ponga fin a la “infrafinanciación crónica” del sector social, apueste de manera firme por las entidades de iniciativa social, y con ello acabe con el “déficit estructural que sufre el colectivo desde hace años”.