Pérez Alferez, que dimitió el pasado viernes, día en que la Sala de Gobierno del Alto Tribunal aprobaba el citado documento, califica al TSJA como "un mastodonte de difícil gobernabilidad".

Juan Ignacio Pérez Alferez dio a conocer públicamente su dimisión el pasado sábado. El próximo miércoles, el Consejo General del Poder Judicil (CGPJ) estudiará la petición, segunda de un presidente en la corta historia del tribunal andaluz.

Su anterior presidente, Andrés Márquez Aranda, dimitió hace ahora un año por la falta de medios y atención por parte del Consejo General, hecho que parece haber provocado esta nueva renuncia, según la memoria.

En la introducción del informe, Pérez Alferez afirma que 1991 fue el año en que comenzaron a consolidarse las grandes reformas de la Justicia, que habrían producido "graves y desiquilibradas onsecuencias".

En el ámbito penal se alude a los problemas que plantea la vista de resolución de recursos de apelación de sentencias dictadas en juicios de faltas.

En cuanto al desarrollo de la Ley de Planta y Demarcación Judicial, insiste en la necesidad perentoria "de resolver las graves situaciones que se producen, por la carencia de juzgados de primera instancia", en algunas localidades andaluzas.

Sobre al funcionamiento del TSJA, las deficiencias, carencias y limitaciones que recoge la emoria se acentúan, según Pérez Alferez, por "las concretas dificultades que entraña la gestión de este órgano en sus vertientes jurisdiccional y administrativa, por las especiales características, por las dimensiones demográficas, geográficas, así como por las condiciones de desarrollo económico" del territorio andaluz.

Asimismo, el texto subraya la dificultad de la labor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, por "la complejidad y la trascendencia social de los asuntos que tramita y la naturaleza o estricta o exclusivamente jurídica de sus resoluciones", en alusión a los procesos seguidos contra jueces y magistrados. Además, el tribunal eleva una nueva queja por el hecho de que la sala tenga sólo tres magistrados.

Respecto a la Sala de lo Contencioso Administrativo, la observación más destacada se refiere a que "el número de asuntos que se calculaban que llegarían a esta sala han sido desbordados por la realidad".

Según el redactor de la memoria, seguirá ocurriendo así hasta que no se llee a cabo la reforma en profundidad que supone la creación de los juzgados de lo contencioso previstos en la Ley de Planta.

Las quejas también se hacen extensivas al funcionamiento de las audiencias provinciales de Andalucía, sobre las que indica que "la regulación procesal que se ha dado al recurso se ha decantado como una situación gravemente perturbadora para la normal actividad de estos tribunales provinciales".

Las consideraciones positivas, como la informatización de algunas instancias o el ncremento de magistrados en algunas audiencias, son excepción.