Así se pronunció, en declaraciones a Servimedia, Daniel Portero, responsable de Dignidad y Justicia, quien valoraba de esta forma el informe que ha elaborado la Abogacía del Estado sobre el caso de una plaza de Hernani (Guipúzcoa) dedicada a un etarra.

En concreto, la Abogacía sostiene en este informe que es ilegal que Hernani tenga una plaza dedicada al etarra José Manuel Ariztimuño. No obstante, la representación legal del Estado sostiene que hay que actuar por la vía administrativa y no la penal para que esta mención al terrorista desaparezca.

Sin embargo, Portero argumentó que "las dos vías son absolutamente compatibles", ya que "una cosa es la retirada de placas y otra cosa es el delito que se ha cometido".

En este sentido, el responsable de Dignidad y Justicia explicó que, a juicio de su asociación, los alcaldes que mantienen calles con el nombre de etarras han cometido el delito tipificado en el artículo 578 del Código Penal. Este artículo contempla penas de uno a dos años de prisión para los actos que "entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares".

A este respecto, Portero sostuvo que los responsables municipales que no retiran los nombres de etarras de las calles han cometido un "claro delito" por omisión, ya que deberían modificar inmediatamente la denominación de estas vías públicas.