Los quince niños viven en el mismo barrio y acuden al mismo colegio, el centro público Ramón Sainz de Baranda. Fue precisamente la directora, Begoña Martínez, quien denunció la falta a clase de los pequeños.

Según la responsable del colegio, las familias declinaron en repetidas ocasiones acudir al colegio para explicar la causa del absentismo de sus hijos, a la vez que rechazaron las becas de comedor que, en alunos casos, hubieran podido acabar con los "novillos" de los niños.

Varias familias, como las de Manuel Ginés, argumentaron ante el tribunal la necesidad de que sus hijos trabajen, en detrimento de su asitencia a clase, para poder sacar adelante la economía familiar.

Otras, como la de Arturo Díez, se han excusado alegando en problemas de salud, mientras que la mayor parte se han mostrado indignados o sorprendidos por la iniciativa judicial.

El tribunal ha decido absolver a la mayor parte de as parejas, si bien casos como el del matrimonio formado por Arturo C.G. y Carmen L.B., cuyos dos hijos de 6 y 7 años no han acudido a clase ni un solo día durante este curso, se han saldado con una condena de siete días de arresto domiciliario y cinco meses de suspensión de la patria potestad.

Los padres condenados podrán evitar la ejecución de la sentencia si, durante el plazo de dos años, presentan todos los meses un certificado del colegio que acredite la asistencia regular de sus hijos a clase. Pese a que no existen estadísticas contrastadas, se calcula que en Aragón más de un millar de niños en edad escolar faltan a clase de forma habitual.