El texto, elaborado por la Comisión Episcopal de Migraciones, explica que, "teniendo en cuent los meses de vacaciones y las dificultades reales para conectar con los extranjeros en situaciones irregulares", el período de regularización, que quedó abierto el 10 de junio y finaliza el 10 de diciembre, tal vez puede resultar "demasiado corto".

Por ello, los obispos solicitan a quienes emplean trabajadores extranjeros que "les faciliten la documentación necesaria para la legalización de su situación" y piden leyes que favorezcan su integración social y cultural.

La Comisión de Migraciones cosidera "contradictorio" que mientras Europa suprime sus fronteras interiores, los mismos gobiernos endurezcan su política común de inmigración y refuercen sus fronteras exteriores, al tiempo que advierte "que podemos estar asistiendo a un proceso que propicie en nuestra sociedad brotes de xenofobia y hasta de racismo".

"No faltan quienes creen que esos extranjeros son peligrosos, causan paro, desestabilizan la identidad europea y, por tanto, hay que excluirlos", agrega.

La pastoral no sólo abordala situación de los inmigrantes, un colectivo de más de medio millón de personas que "no vienen por gusto, sino por necesidad"; también reflexiona sobre los trabajadores temporeros, que "constituyen un mundo de pobres, que comparten una penosa y parecida existencia".

Tanto unos como otros, dice, son grupos muy desprotegidos, "que forman parte de los marginados de nuestra sociedad", a los que les es difícil organizarse para luchar por sus derechos y que "son el resultado de una economía insolidaria en a que la obtención de beneficios prima sobre los derechos del trabajador y su familia".

Ante esta situación, que "entraña tanta injusticia", y tras recordar que "los españoles no podemos olvidar que hemos sido y seguimos siendo en buena medida país de emigrantes", la Iglesia española invita a "denunciar públicamente las situaciones de discriminación y de injusticia de las que, con frecuencia, son víctimas".