Según un comunicado que la central difundió hoy en Madrid, el máxio órgano de la organización entre congresos se reunirá los días 22 y 23 de este mes de julio, para debatir y aprobar una resolución sobre el desarrollo de las negociaciones en torno al pacto de competitividad.

El texto, que presentará el secretario general de la central, Antonio Gutiérrez, incluye, de acuerdo con el mismo comunicado, una serie de puntos que el consejo cree esenciales.

Por un lado, figura la consideración de que el fracaso de las conservaciones sobre el pacto de competitividad eramás que una sospecha, después de constatar el escaso convencimiento que el presidente del Gobierno y su ministro de Economía y Hacienda demostraron sobre el acuerdo.

El esfuerzo de moderación de los sindicatos, dice CC.OO, que aceptaron el método del Gobierno y ofrecieron una propuesta de política de rentas, mereció el rechazo de patronal y Gobierno.

Por tanto, las centrales asumieron la decisión de no prolongar unas negociaciones que parecían una farsa, con la voluntad de recuperar en septiembreun proceso de concertación que se oriente a conseguir una economía más justa.

Comisiones Obreras califica de lamentable la actitud de Carlos Solchaga y advierte que las acusaciones lanzadas contra los sindicatos, como supuestos responsables del menor crecimiento económico y de la reducción de la tasa de creación de empleo, esconden el fracaso de la política económica gubernamental.

Otro de los puntos de la resolución que el Consejo Confederal de CCOO acordará seguramente al inicio de la semana qu viene, dice que la actividad de la economía española, después de la política de enfriamiento impuesta por el Ejecutivo, se redujo desde el segundo trimestre de 1990.

Además, la capacidad industrial cayó dos puntos y el índice de producción industrial lo hizo en otros cuatro puntos, como lo demuestra la reducción en ma matriculación de vehículos y la menor construcción de viviendas, entre otros ejemplos.

CCOO recuerda en su resolución que, a partir de septiembre de 1990, se destruyeron cerca de 8.000 puestos de trabajo, disminuyó en 18.000 el número de asalariados, se perdieron 74.000 empleos fijos y aumentaron en 65.000 los temporales.

La justificación del ajuste que Solchaga quiere prolongar, agrega la central sindical, responde a una contradicción: la disminución de la recaudación fiscal, debido al espectacular fraude existente, y la menor tributación de las rentas de capital que se derivan de la aplicación de las reformas del IRPF y que, con la nueva ley, tendrá consecuencias más graves. También advierte que el aumento presupuestario en gastos sociales no obedece a una sensibilidad del Gobierno hacia la política social, sino al incremento de parados y seguros de desempleo.

Por último, el sindicato confirma en su valoración la sospecha de que la continuación de la política de ajuste era una decisión ya tomada por el Ejecutivo, consciente de que los males de la economía no se deben al desacuerdo en el pacto de competitividad, sino a una política económica tan injusta como ineficaz.