“Lo importante es que las economías familiares progresen y tengan cierta seguridad”, defendió la líder del espacio de Sumar en el Gobierno de coalición durante la clausura del acto 'Hacia una prestación universal por crianza en España', que se celebró en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, inaugurado por su titular, Pablo Bustinduy, y que también contó con la participación de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

La propuesta esbozada durante la jornada es que se apruebe una prestación de 200 euros al mes por hijo menor de 18 años. Y esta herramienta debería ser universal, a juicio de Díaz, pues la “pobreza infantil es un problema inadmisible y una vergüenza para los poderes públicos”.

Además, Díaz lamentó que España tenga “los peores datos de pobreza infantil” en Europa, pues es una situación en la que se encuentran el 28,9% de los menores, frente al 19,4% de la media europea. "Esto habla muy mal de nuestro país. Nos sitúa en una verdadera cola de los poderes públicos”, lanzó la vicepresidenta, para añadir que “la pobreza no viene en los genes pero se transmite y se arrastra”.

En este punto, denunció que esta situación se ha perpetuado durante toda la democracia, porque las aportaciones presupuestarias en esta materia han ido en descenso, “lejos de lo que se pueda pensar”. A su criterio, los partidos que han gobernado “no han sabido o no han querido institucionalizar” una verdadera política contra la pobreza infantil.

Además, Díaz explicó que defiende que la prestación sea universal para que llegue a todos los menores que lo necesitan y a sus familias y que no existan “trabas”.

Ha de ser universal para que llegue a quien lo necesite, erradicando las trabas de acceso, las burocráticas y el estigma de las medidas que te señalan en la sociedad como pobre. Asimismo, indicó que permitirá desarrollar las vidas en “libertad” y con “igualdad”.

Igualmente, destacó que los expertos han puesto de relieve que no actuar contra la pobreza tiene un coste de 63.000 millones de euros y recordó que cuando se aprobaron los ERTE en pandemia suponían una fuerte inversión pero “no actuar hubiera salido más caro” a la larga.