Díaz hizo este anuncio durante el curso ‘40 años de economía. De la Transición y la entrada en la UE hasta la crisis de la pandemia’ organizado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y BBVA, donde explicó que el coste fiscal de la medida sería de 1.000 millones de euros, sufragado con el impuesto a las entidades financieras. Además, se podrían beneficiar de esta medida las hipotecas con un máximo de 250.000 euros.

Para Díaz, es necesario adoptar esta medida, dado que el código de buenas prácticas voluntario pactado entre el Gobierno y la banca “es evidente que no está funcionando”, por lo que “somos partidarios de actuar” y “es lo más razonable”.

Y es que, según explicó Díaz, las previsiones iniciales del Ejecutivo eran que se beneficiaran de este código en torno a un millón de personas, cifra que el Banco de España rebajó a unas 200.000 hipotecas, pero finalmente se ha quedado, por el momento, en solo 10.000. Por ello, criticó que se esté produciendo una “enorme transferencia de rentas” de las familias a las entidades financieras.

Así, coincidió con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en afear que los bancos aumenten sus beneficios y no retribuyan los depósitos de los hogares, pero sostuvo que “la urgencia, por su impacto social, es actuar sobre las cuotas hipotecarias”. “Está muy bien actuar en los depósitos bancarios, pero esto se queda muy corto”, agregó.

Además, recordó que desde el verano pasado viene pidiendo actuar sobre las hipotecas y la cesta de la compra y subrayó que ha de hacerse con diálogo. “El malestar social del que estamos hablando es real, existe y conlleva riesgos para las propias entidades financieras”, añadió.

En materia de banca, Díaz también se mostró partidaria de que el Estado mantenga el 17% de las acciones de CaixaBank como consecuencia de la fusión con la antigua Bankia. Eso sí, no clarificó si defiende o no que se apueste por una banca pública en España, aunque precisó que durante la pandemia “hemos visto que carecíamos de algunas herramientas de carácter público”.

Por otra parte, la líder de Sumar manifestó su desacuerdo con las propuestas fiscales de la CEOE de cara a la nueva legislatura y criticó que son “regresivas” y “profundamente injustas”, basadas en una bajada generalizada de impuestos y sin citar figuras tributarias como el IVA que afectan a las mayorías sociales.

En opinión de Díaz, los planteamientos de la patronal “provocarían una desfiscalización del Estado” y, por consiguiente, “recortes” en los servicios públicos como la educación, cuando lo que se necesita es una mayor inversión. “No solo no podemos recortar, sino que tenemos que ensanchar los servicios públicos en nuestro país”, remarcó.

Finalmente, Díaz aprovechó su intervención para repasar las principales propuestas de Sumar para el 23-J en materia económica, recordando la defensa que viene realizando de acometer una reforma fiscal “en profundidad”, crear un observatorio sobre beneficios empresariales, impulsar el Consejo de la Productividad de España y avanzar hacia una “mayor democracia” en las empresas. “Democratizar las empresas es uno de los desafíos a los que nuestro país también llega tarde”, reforzó.