La ministra de Trabajo y Economía Social dará continuidad a su plan de abordar esta cuestión tras reunirse el jueves con el director ejecutivo de Carrefour España, Alexandre de Palmas, quien le presentó su propuesta de una cesta básica de 30 alimentos por 30 euros.

Díaz y Garzón se reunirán concretamente con la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged), que representa a empresas como El Corte Inglés o Alcampo; con la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), con compañías como Eroski o Carrefour; y la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que representa a Mercadona, Dia o Lidl, entre otros.

Además, también participarán representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios y de las organizaciones que lo integran. La reunión tendrá lugar a las 11.30 horas en el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El encuentro llega después de que el pasado lunes la ministra de Trabajo anunciara en una entrevista con 'ElDiario.es' que pretendía llegar a un acuerdo con la distribución y consumidores para fijar el precio de una cesta de la compra de productos básicos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrada el martes, señaló que el Gobierno estaba “valorando” la propuesta y la defendió argumentando que se había llevado a cabo “con buenos resultados” en Francia, durante la presidencia de Nicolas Sarkozy.

Después de la reunión con Carrefour, la vicepresidenta detalló que propone a las grandes cadenas de distribución una cesta de la compra con alimentos variados que roten cada semana, en la que incluyan pescado, carne, huevos, fruta y hortalizas, con una oferta específica para familias con celiacos.

Según explicó Díaz, esa cesta debería tener unos productos con precios congelados desde ahora porque la familias tienen que afrontar fuertes gastos por el comienzo del curso escolar, hasta después de Navidades, otro periodo álgido de consumo.

Además, afirmó que el acuerdo entre las distribuidoras en ningún caso se hará a costa de los agricultores y ganaderos, como exige la Ley de Cadena, y el Gobierno vigilará para que así sea.

Ante la posibilidad de que las distribuidoras no lleguen a un acuerdo, la vicepresidenta afirmó que este jueves encontró una actitud “muy constructiva” en Carrefour y confió en observar lo mismo en la reunión del lunes con el resto de grandes cadenas.

CRÍTICAS

La iniciativa ha cosechado críticas en el seno del propio Gobierno. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, señaló el viernes que “nadie tiene en su mano, ni desde un punto de vista del sentido común ni de la ley, la posibilidad de fijar o indicar precios a la distribución” y apuntó que las bajadas en la alimentación corresponden a “decisiones empresariales autónomas”.

Por su parte, desde el Ministerio de Economía que dirige la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, apuntaron que es “importante” que las compañías mantengan “márgenes” y “no contribuir con decisiones que pueden parecer que tienen algún sentido a corto plazo, pero a medio y largo plazo dañan a la empresa y, por supuesto, dañan a la economía”.

Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, señaló que se trata de una iniciativa que “no le corresponde” dentro del Gobierno y parece un intento de “quedar bien” ante los ciudadanos.

La propuesta también ha recibido críticas por parte del sector de la distribución y del pequeño comercio. En este sentido, la Confederación Española de Comercio (CEC), que pidió estar presente en la reunión del lunes, indicó que la propuesta “amenaza” a “miles” de locales de proximidad ya que incita a los consumidores a comprar en las grandes superficies.