El plazo para que la sociedad civil presente aportaciones se inició el 22 de noviembre a través de la web del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Según el secretario de Estado del ramo, Joaquín Pérez Rey, se han recibido más de 180 aportaciones de la sociedad civil, una cifra más elevada de lo habitual en este tipo de procesos, lo que da cuenta del “elevado interés” de la ciudadanía en la medida.

El trámite de la consulta pública se puso en marcha después de que concluyera la mesa de negociación entre Trabajo, los sindicatos y la patronal al no haberse podido alcanzar un acuerdo con CEOE y Cepyme, que rechazaron ya formalmente la medida en los términos que plantea el Gobierno, pues consideran que la jornada laboral se debe tratar en la negociación colectiva de cada sector para atender así las necesidades de empresas y empleados en cada actividad.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mostró reiteradamente su intención de alcanzar un acuerdo con los interlocutores sociales y, desde su departamento, se ofrecieron a la CEOE ayudas directas a las pequeñas empresas de los sectores afectados. Pero Díaz se mostró firme con que si no había pacto con CEOE, llevarían la medida adelante igualmente buscando un pacto con CCOO y UGT, pues es un compromiso de legislatura del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar.

El Ministerio explicó reiteradamente que la norma se tramitará vía proyecto de ley en el Parlamento, por lo que ahora se reforzará la negociación con los grupos políticos.

En paralelo, UGT y CCOO han emprendido una ronda de contactos con las fuerzas para pedir su respaldo, comenzando en noviembre por Bildu, favorable a la medida, y el PNV, quien abogó por seguir negociando con los agentes sociales. Esta misma semana los líderes sindicales se reunieron con responsables de Sumar, fuerza política impulsora de la rebaja de la jornada en el marco del Gobierno de coalición.

CONTENIDO

El texto que Trabajo sacó a consulta pública repasa los argumentos defendidos hasta el momento para reducir la jornada, como la mejora de la productividad o la importancia de reforzar la conciliación y el tiempo de las personas.

Tras ello, explica que el primer objetivo es establecer una reducción de la jornada máxima legal semanal (en promedio anual) de 40 a 37,5 el 1 de enero de 2025, estableciendo disposiciones específicas tanto para el trabajo a tiempo parcial y las jornadas reducidas.

En segundo lugar, por lo que se refiere al registro horario, de un lado, se pretende unificar la regulación en esta materia tanto de trabajo a tiempo completo, parcial, ordinario y extraordinario en un único y nuevo artículo.

Los problemas que se pretenden afrontar son, de un lado, la consecución de un sistema de registro de jornada “realmente eficaz”, presidido por los principios de “objetividad, fiabilidad y accesibilidad e interoperatividad”.

También se pretende que el registro sea accesible a cada persona trabajadora de modo automático y a la representación de los empleados y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS). En estos dos últimos casos también de modo remoto.

De otro lado, la norma busca mejorar la regulación de las consecuencias de incumplimientos en materia de registro horario, tanto desde el punto de vista jurídico sustantivos -presunciones- como desde el punto de vista sancionador.

DESCONEXIÓN

En tercer lugar, por lo que se refiere al derecho a la desconexión, se pretende “unificar” en un solo precepto la “dispersa” regulación sobre la materia, incorporando algunos aspectos del Acuerdo de desconexión negociado en la Unión Europea y también del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (V AENC) rubricado el pasado año por sindicatos y patronal con nociones generales para la negociación de convenios colectivos.

De este modo, Trabajo quiere definir el “derecho irrenunciable de la persona trabajadora a la desconexión fuera de su jornada, así como el deber empresarial de garantizar tal derecho remitiendo a la negociación colectivas las modalidades de ejercicio”.

“Se garantiza que rechazo o la no atención de comunicación por parte de la persona trabajadora fuera de su jornada, no podrá dar lugar a consecuencias negativas o represalias o trato menos favorable”, remarca el texto.