La anterior propuesta del Gobierno establecía que el aumento salarial pactado en la empresa era el que prevalecía, por encima de los convenios de otros ámbitos. Este extremo era rechazado por sindicatos y empresarios.

Con el nuevo modelo, se da libertad a los agentes sociales para que decidan en qué ámbito se acuerda la subida salarial, si en la empresa o en los convenios provinciales, autonómicos o nacionales.

De este modo, la cuantíficación y distribución del salario (no ls subidas), la ordenación del tiempo de trabajo, los periodos de descanso y vacaciones, la prevención de riesgos laborales y los compromisos por pensiones tendrán prevalencia siempre que hayan sido pactados en la empresa.

Por su parte, los convenios sectoriales prevalecen en la fijación del periodo de prueba, las modalidades de contratación (salvo su adaptación a la empresa), el fomento de la contratación indefinida, los grupos profesionales, el régimen disciplinario, la movilidad geográfica, la estrutura salarial, una garantía de ingresos mínimos por grupo profesional y la jornada máxima efectiva de trabajo, así como los criterios de su distribución.

CLAUSULA DE DESCUELGUE

Otras materia que modifica el nuevo texto gubernamental es la regulación que había establecido sobre las denominadas cláusulas de descuelgue, que permiten a las empresas incumplir todos los aspectos del convenio en caso de demostrar que atraviesan dificultades económicas.

Si en la anterior propuesta el Gobierno pretendíadar a los empresarios con problemas la posibilidad de no cumplir nada de lo pactado en convenio, ahora se limita a no acometer la subida salarial, es decir, como sucede actualmente.

También se suprime el plazo de un mes para iniciar las renovaciones de los convenios, una vez finalizada su vigencia, pero se mantiene la incentivación a la negociación al obligar a las partes a sentarse a negociar, salvo que acrediten que las materias a renovar ya están pactadas en algún ámbito de negociación.

En tod caso, la parte que no quiera negociar deberá contestar por escrito y dando las razones oportunas por las que no quiere comenzar las conversaciones. Además, se podrá requerir a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos para que determine si una materia está o no regulada.

El texto del Gobierno mantiene la libertad para que empresarios y sindicatos, "mediante acuerdos interprofesionales o convenios colectivos sectoriales" y atendiendo a lo que fija la ley, pacten los criterios de complemetariedad entre lo regulado en los distintos ámbitos, así como las reglas de prevalencia entre distintos convenios cuando sean de aplicación en una misma empresa.