El borrador establece que los convenios sectoriales fijen materias como el periodo de prueba, modalidades de contratación (salvo los aspectos de adaptación a la empresa), los grupos profesionales, el régimen disciplinario, la jornada máxima de trabajo y los conceptos salariales. Sin embargo, se permite que los convenios de ámbito inferior decidan regular estos aspectos, lo cual es rechazado por los sindicatos.

Además, deja paa los convenios de empresa los aspectos más importantes, como la adaptación de las categorías profesionales a los nuevos grupos, la cuantificación y distribución del salario, la ordenación del tiempo de trabajo, incluidos periodos de descanso y vacaciones, los procedimientos en materia de riesgos laborales y los compromisos sobre pensiones.

Se extiende la cláusula de descuelgue -que permitía hasta ahora la no aplicación de las directrices salariales en caso de dificultades económicas- al resto de mateias reguladas en convenio, lo que debe ser decidido por los convenios superiores al de empresa.

Al terminar la vigencia de un convenio de empresa, provincial o regional, entrará en vigor el sectorial nacional hasta la firma de un nuevo acuerdo en el ámbito inferior. A esto se une que un acuerdo a nivel sectorial no podrá modificar las condiciones pactadas en la empresa si están en vigor y, sin embargo, un acuerdo empresarial podrá modificar las condiciones de trabajo, aunque haya un convenio sectorial

Tras la denuncia del convenio por una de las partes, se establece un plazo de un mes para comenzar la negociación, salvo que se hubiese fijado un plazo distinto en el cnvenio colectivo.

RECHAZO SINDICAL

A la espera de una lectura más detallada del borrador presentado por el Gobierno, los sindicatos mostraron su rechazo a las líneas generales del documento pues, a su juicio, suponen una reducción de los derechos de los trabajadores.

El secretario de Acción Sindical de CCOO, Fernando Puig-Smper, considera que la propuesta del Gobierno es "desequilibrada" hacia las posiciones empresariales, por lo que no sería posible la firma de un acuerdo.

Puig-Samper destacó que el Gobierno haya afirmado en la negociación que el documento presentado no era el definitivo y que tampoco haya fijado un plazo para la finalización de la reforma. "Debemos buscar un mayor equilibrio y tenemos absoluta disponibilidad para celebrar cualquier reunión que permita que la negociación prospere hasta el acuerdo", indcó el dirigente de CCOO.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, resaltó que el documento sea "del Gobierno, no de ningún departamento", pero mostró su rechazo al mismo porque trata de desvertebrar la negociación colectiva y trasladar materias fundamentales en los acuerdos sectoriales como los salarios, sus incrementos y el sueldo mínimo al ámbito de la empresa.

Según Ferrer, el proyecto del Gobierno posibilita que la empresa se convierta en una "isla" en la que no aplcan conceptos marcados en el convenio sectorial. El texto del Ejecutivo "introduce demasiadas rigideces, pero vamos a seguir negociando con ánimo constructivo".

El dirigente ugetista afirmó que el Gobierno les ha trasladado en la mesa que cualquier modificación del texto hoy presentado deberá hacerse por consenso.

Uno de los aspectos valorados por los sindicatos es que la ultra-actividad de los convenios no se elimina, pero Ferrer considera que "no era necesario tras la extensión de la cláusula d descuelgue y las materias que se derivan a la empresa".

Mientras, el secretario general de CEOE, Juan Jiménez-Aguilar, manifestó que no emitiría ningún juicio hasta mantener los contactos oportunos con las organizaciones representativas en la CEOE. Añadió que, "aunque el documento se puede modificar, las líneas generales están aquí".