El manifiesto elaborado por el CERMI para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad indica que el citado pacto, que se desarrollaría en el periodo 2004-2014, tiene que ser promovido por el Gobierno, las fuerzas polítias con representación parlamentaria, los agentes sociales y las organizaciones representativas de personas con discapacidad.

Asimismo, hace hincapié en que para mejorar la calidad de vida de estas personas es necesario incidir en la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

A juicio del CERMI, hay que seguir luchado contra las situaciones de discriminación que todavía padecen las personas con discapacidad y sus familias, en el terreno educativo, en el laboral, en la atención a la salud y n la asistencia sanitaria.

"Hay que pasar definitivamente del esquema de los servicios sociales, al de los derechos sociales. Debemos caminar en el campo de la discapacidad hacia unos derechos sociales universales, vinculantes, exigibles y con un nivel de prestación equitativo para todos los territorios del Estado", indica el texto.

DEPENDENCIA

Además, piden que se regule en España la atención a la dependencia, que afecta fundamentalmente a las personas mayores y a los discapacitados. El tratamento a este colectivo debe llevarse a cabo a través de sistemas eficaces y globales, que respeten la capacidad de elección de los usuarios.

Por otra parte, el manifiesto hace hincapié en establecer un nuevo paradigma de accesibilidad universal y el diseño para todos. En este sentido, matiza que la accesibilidad "ha de ser considerada siempre como derecho" y, en aquellos casos en que se incumpla, el responsable tiene que ser sancionado "con instrumentos eficaces".

En materia de ayuda a las familia, los representantes de discapacitados argumentan que debe establecerse un sistema integral de protección social de aquellas familias que tengan a su cargo personas con minusvalías.

Asimismo, el CERMI indica que los discapacitados con mayor riesgo de exclusión social, como las mujeres, los niños, las personas dependientes o las personas con un alto grado de minusvalía, deben de ser el objetivo de las políticas de las administraciones públicas.

Los discapacitados incluyen entre sus propuestas que odas las políticas públicas "han de ir dirigidas a favorecer la vida independiente de las personas con discapacidad, en la que las decisiones recaigan sobre la propia persona".