La campaña se celebró entre los pasados 18 y 22 de noviembre con el fin de comprobar que los autobuses dedicados a llevar a niños al colegio cumplen la normativa establecida para este tipo de transportes.

Los agentes controlaron 3.797 vehículos destinados al transporte escolar y de menores, de los cuales 1.852 (un 49%) resultaron sancionados. En total, se formularon 3.334 denuncias.

Como es habitual, las irregularidades administrativas fueron las que generaron un mayor número de denuncias (casi 6 de cada 10), entre ellas 1.255 por carecer de la autorización especial para realizar transporte escolar y 653 por no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitada, tal y como exige la ley.

Respecto al uso del cinturón de seguridad en los vehículos que los llevan incorporados, los agentes constataron que en 11 de los autobuses que disponían de estos sistemas de retención no se hacía uso de ellos al presentar anomalías en su funcionamiento.

Dos conductores de transporte escolar controlados durante la campaña dieron positivo en controles preventivos de alcohol y 18 lo hicieron a otras drogas. Además, cuatro fueron sancionados por incumplir los límites de velocidad establecidos.

OTRAS INFRACCIONES

Por otro lado, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil comprobaron que 144 vehículos de transporte escolar presentaban deficiencias en las puertas de servicio y emergencias, así como en sus dispositivos de accionamiento, y otros 25 resultaron denunciados por no tener al día la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

En lo que se refiere a la señalización obligatoria que este tipo de vehículos deben llevar, 144 de los vehículos controlados no llevaban la correspondiente señal V-10 de transporte escolar y otros 27 carecían del dispositivo luminoso con señal de emergencia.

Además, 52 conductores fueron denunciados por no llevar a bordo del autocar una persona encargada del cuidado de los menores cuando así procedía; otros 85, por exceso de tiempo de conducción o minoración del descanso, y tres fueron detenidos o imputados por un delito contra la seguridad vial.