La Administración autonómica había caliicado "de graves infracciones" las cometidas en la residencia y mantiene abierto un expediente por las inspecciones realizadas por Sanidad desde 1990. Además, según este departamento, ha incumplido varios requerimientos.

El decreto de mínimos se refiere a las dimensiones de las habitaciones, la instalación de sanitarios, el mobiliario, la existencia de elementos de apoyo en servicios y escaleras y la presencia de un cuidador o cuidadora por cada cuatro residentes.

Mari Paz Baquero, propietaria dela residencia, se ha quejado de la imposibilidad económica para cumplir los mínimos exigidos por la DGA. Los ancianos pagan mensualmente 42.000 pesetas por su estancia y el centro no cuenta con ningún tipo de subvención.

Según indicó Mari Paz Baquero, tras efectuar la DGA diversas inspecciones ordenó el cierre del centro por no cumplir la normativa, por lo que hace varias semanas había decidido el traslado de los ancianos a otro edificio, actualmente en obras de remodelación.

El nuevo edificio tine 300 metros cuadrados en la primera planta y 200 en la segunda y las habitaciones son dobles (hay dos para tres personas).

Mari Paz Baquero aseguró que el nuevo edificio se ajustará a los requisitos exigidos por la ley. Pretende, además, ampliar la plantilla con la contratación de una cocinera. Actualmente tiene una empleada fija y otra temporal, además de ella misma, para cuidar a los 24 ancianos residentes.

La residencia de Mari Paz Baquero es la única que hay en la comarca -además de la que iene la Hermandad del Santo Angel, regentada por las Hermanitas de los Pobres- y en ella se han registrado en los últimos meses dos suicidios: uno de ellos al lanzarase un anciano por el hueco de la escalera y el otro, el lunes pasado, cuando uno de los residentes se tiró por una ventana.