En declaraciones a Servimedia, la portavoz del Grupo Municipal de IU, Inés Sabanés, expresó su satisfacción no sólo porque coincidan con sus denuncias, sino porque supone "un serio y rotundo aviso al Ayuntamiento de Madrid, porque de forma sistemática se les está alertando desde Europa de su voluntad de eludir la normativa europea de garantías para los vecinos y para la ciudad".

Además, Sabanés cree que es un aviso no sólo para el ayuntamiento, sino para las diferentes instituciones ante las que se ha denunciado este asunto. A su juicio, "demasiada gente ha mirado hacia otro lado en función de las presiones del propio ayuntamiento".

Sabanés mostró su confianza en que el informe final que llegue al Parlamento "confirme lo que para nosotros es una evidencia" y recoja recomendaciones al ayuntamiento sobre correcciones importantes en los trabajos que se están realizando y en el conjunto de la obra de reforma de la M-30.

Para Paco Segura, coordinador del Area de Transportes de Ecologistas en Acción, los europarlamentarios han recogido "todos y cada uno de los argumentos principales que hemos ido defendiendo", por lo que "estamos muy satisfechos".

Por ello, dijo a Servimedia que le sorprenden las declaraciones de Pilar Martínez, concejala de Urbanismo del ayuntamiento, en las que parecía "que le dan a ella la razón".

"Ha sido un refrendo de todas y cada una de las cosas que hemos venido denunciando durante todo este tiempo, pero sin ambages: la necesidad de la declaración de impacto ambiental y de haber contado con la participación de los vecinos en la definición del proyecto, la patraña y el camelo que supone decir que eso es una calle cuando es clarísimamente una autovía...", aseguró.

A juicio de Segura, "la pena es que no tengan capacidad coercitiva". No obstante, señaló que cuando se vote el informe final en el Parlamento, en septiembre, y se diga claramente que el ayuntamiento ha incumplido la ley, eso tendrá "un peso político fortísimo". También mostró su confianza en que la Carta de Emplazamiento dirigida a España derive finalmente en medidas coercitivas o sanciones.

RESPONSABILIDADES PENALES

En la misma línea, la Plataforma de Vecinos Afectados por las Obras de la M-30 en el Nudo Sur manifestó que el informe de los eurodiputados pone en evidencia "las mentiras del ayuntamiento" y "la ilegalidad de unas obras a las que se ha eximido de declaración de impacto ambiental mediante triquiñuelas legales".

Para los vecinos, "el alcalde y la Comunidad de Madrid han actuado a sabiendas de la ilegalidad de sus actos y poniendo sus intereses políticos por encima de la seguridad y la salud de los madrileños". En este sentido, advirtieron del peligro que suponen los pozos de ventilación de los túneles, el incremento del tráfico y el aumento de la contaminación.

Los vecinos creen que es "una exigencia política, moral y legal" para el ayuntamiento y la comunidad buscar soluciones ante el clamor internacional por sus violaciones del marco legal común europeo y el desprecio a los derechos de los ciudadanos.

Si no lo hacen, advierten de que tendrán que afrontar "el descrédito en las instituciones europeas y las responsabilidades penales de sus responsables ante las inevitables consecuencias para la salud pública".