Las fórmulas magistrales son medicamentos destinados a un paciente individualizado, preparados por el farmaceútico o bajos su dirección, para cumplimentar expresamente una prescripción médica facultativa detallada de las sustancias medicinales que incluyen.

Según Sanidad y Consumo, la investigación policial se inció tras remitirse al GISS un informe de las inspecciones médicas y farmaceútica del Insalud de Madrid en el que se detectaba un incremento en la facturación de estas fórmulas magistrales en determinadas oficinas de farmacia, en la revisión periódica que se efectúa a tal efecto.

A finales del pasado año, los inspectores constataron que determinadas farmacias habían aumentado ostensiblemente su facturación de estas fórmulas. En una de ellas, de una declaración de 22.050 pesetas en noviembre de 1990, paaron a 6.761.639 pesetas en junio de 1991.

La mayoría de la recetas eran de pensionistas, de coste muy elevado- una media de 50.000 pesetas-, con fórmulas que resultaban ser las mismas en unas y otras farmacias y prescritas por los mismo médicos.

Los investigadores comprobaron que algunos de los beneficiarios de las recetas no habían recibido las fórmulas y que entre los facultativos que las prescribían se habían distribuído por tal motivo incentivos económicos por parte de una sociedad denominad Cefarma, entidad cuyo socio mayoritario y máximo responsable había tenido conexión con Imexfarma, firma implicada en hechos similares de facturación ilegal de fórmulas magistrales en Barcelona.

En relación con estos hechos, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ordenó que se continuará con las investigaciones que condujeron a la detención de estas siete personas, entre ellas Agustín Font Mas, titular de Cefarma, sociedad constituída a finales de 1990 como almcén distribuidor de productos químicos, aunque se dedicaba exclusivamente a la comercialización de sus propias fórmulas magistrales.

Para la comercialización de las reiterads fórmulas, Cefarma tenía sus propios visitadores, que acudían a las consultas de los médicos para proponerles la prescripción a cambio de una cantidad de dinero estipulada.

Si el médico aceptaba, le entregaban un catálogo en el que, junto a la fórmula magistral ofertada, figuraba un dígito manuscrito que significaba la cantidd en miles de pesetas que correspondían al médico prescriptor.

Asimismo, Cefarmacaptaba las farmacias en las que habrían de dispensar las recetas, a las que vendían a "precio especial" los principios activos que eran necesarios para elaborar sus fórmulas, al tiempo que les facilitaban las recetas para su posterior facturación.

Las pesquisas continuan en colaboración con la inspección del Insalud, ya que la sociedad se iba extendiendo a otras provincias, tales como Albacete, Cuenca y Zamora. Igulmente, los investigadores quieren determinar el número exacto de recetas prescritas, así como los médicos y farmacias implicados.