Los arrestados van a ser acusados de los delitos de estafa contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y asociación ilícita.

Las detenciones se han producido en Murcia (7), Alicante (5), Gijón (3) y Madrid (1). En esta operación los agentes han detectado la actividad fraudulenta de nueve empresas que ofrecían contratos de trabajo a inmigrantes para poder regularizar su situación en nuestro país. Lo hacían a cambio de diversas cantidades de dinero que oscilaban entre 1.000 y 1.500 euros.

La investigación se inició a raíz de una información recibida en la Brigada de Extranjería y Documentación de la Comisaría Local de Gijón y de un escrito de la Agregaduría de España en Bogotá (Colombia), en el que se daba cuenta de la denuncia formulada por un ciudadano de ese país.

En ésta se hacía referencia a la estafa sufrida por el mismo al haber realizado un pago a unos compatriotas suyos a cambio de una oferta de trabajo mediante la que poder regularizar su situación en España.

Realizadas las correspondientes pesquisas policiales, fue posible determinar la existencia de un entramado de empresas, carentes de actividad, ubicadas supuestamente en las provincias de Ávila, Alicante, Murcia y Almería.

PERMISOS DENEGADOS

A través de estas empresas se presentaban solicitudes de autorizaciones de permisos de trabajo y residencia en diversas subdelegaciones de Gobierno del territorio nacional. Por tal motivo, se coordinaron las actuaciones de las diversas plantillas policiales.

Así, se averiguó la existencia de un total de nueve empresas mediante las que sus administradores, relacionados entre sí y bajo la dirección de una misma persona, habían presentado un total de 660 solicitudes de trabajo de ciudadanos extranjeros, de las que 548 no fueron concedidas.

Las citadas entidades exigían a los afectados el pago de entre 1.000 y 1.500 euros por oferta y por la presentación de las solicitudes ante los organismos encargados de la tramitación, cuando en realidad no tenían intención de realizar efectivamente dichas contrataciones.

Además, sabían que la gran mayoría de las solicitudes serían denegadas, entre otras causas, porque mantenían deudas con la Seguridad Social, unas deudas que en la actualidad ascienden a cerca de 272.000 euros.

Los extranjeros pagaban por los permisos, pero no trabajaban para las empresas solicitantes, o lo hacían por un breve periodo de tiempo con el fin de justificar dichas ofertas, ya que su intención era únicamente la de regularizar su situación en España.