Según informó el Ministerio del Interior, el campo de operaciones del detenido se centraba en las provincias de Alicante y Málaga, donde confluía todo el dinero que el individuo recibía por suministrar el contenido audiovisual de manera ilícita. Se calcula que el perjuicio económico creado a las empresas legítimas propietarias asciende a más de 210.000 euros.

Los investigadores detectaron varios grupos en una aplicación de mensajería instantánea dedicados a la comercialización ilícita de contenido audiovisual de pago, sin contar con la autorización ni los permisos necesarios, llegando a alcanzar más de 2.300 suscriptores.

El presunto autor del fraude disponía de una fuerte infraestructura tecnológica que gestionaba las páginas web para difundir sus servicios ilegales. Estas páginas mostraban guías para facilitar a todas las personas que las visitaban, los datos necesarios para visualizar ilegalmente contenido de pago. Asimismo, dichas páginas permitían a los usuarios acceder a contenido multimedia ilícitamente usando telefonía móvil y televisores con acceso a internet.

Fruto de las labores de investigación policial, se pudo comprobar que esta aplicación había llegado a alcanzar más de 50.000 descargas. A través de los citados portales ‘online’ se ofrecía la posibilidad de abonarse a canales de televisión, con tarifas que variaban en función de la duración del paquete contratado y del número de dispositivos en los que se quisiera visualizar.