A través de un comunicado, la Policía informó de que los detenidos están acusados de delitos de falsedad documental y estafa; además, a cinco empresarios arrestados se les imputan delitos de insolvencia punible y contra la Seguridad Social.

La investigación se inició al detectar la existencia de varias empresas que, a medida que iban acumulando deudas por impago de las cuotas de seguros sociales a la Tesorería General de la Seguridad Social, causaban baja. Tras pasar a una situación de insolvencia, se constituían nuevas mercantiles gestionadas por las mismas personas y a las que pasaban los trabajadores de las deudoras.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social comprobó la inexistencia de obras que justificaran el elevado número de trabajadores, cerca de 1.800, que dichas empresas, dedicadas a la construcción, mantenían en alta.

PEDÍAN EL PARO

Además, se verificó que la práctica totalidad de los trabajadores de estas mercantiles, tras permanecer en alta los periodos mínimos exigidos legalmente, solicitaban las correspondientes prestaciones o subsidios por desempleo.

El operativo policial ha puesto al descubierto la existencia de este entramado empresarial integrado por diez empresas dedicadas a la actividad de la construcción, en la modalidad de subcontratas, que de forma personal y directa eran dirigidas y controladas por dos de los arrestados.

Para constituir esas mercantiles, los cabecillas facilitaban domicilios falsos, pertenecientes en algunos casos a profesionales de la gestión. Además, se consignaba como socios y administradores de las empresas a personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros testaferros.

Estos testaferros habían sido trabajadores de empresas anteriores y, en la mayoría de los casos, tenían amplios antecedentes policiales. El objetivo era ocultar la verdadera identidad de los responsables, la localización de las empresas y, en definitiva, eludir las acciones ejecutivas que por parte de la Seguridad Social pudieran llevarse a cabo.