La defraudación, en la que están implicadas más de cincuenta sociedades mercantiles, se producía en unos casos mediante facturaciones falsas. En otras ocasiones, los detenidos se constituían en sociedades instrumentales de intermediación para la revalorización artificial de propiedades inmobiliarias y terrenas.

Funcionarios pertenecientes al Servicio Central de Policía Judicial y a la Brigada Provincial de Policía Juicial de Madrid iniciaron hace varios meses las investigaciones, con el fin de descubrir y detener a los presuntos autores del fraude.

De acuerdo con las citadas fuentes, los agentes verificaron informes que permitieron establecer la presunta implicación de más de 50 sociedades mercantiles y la detención de 8 personas en Madrid capital y otras localidades próximas.

Además, efectuaron numerosos registros domiciliarios con mandamientos expedidos por el Juzgado Central de Delitos Monetarios de la Adiencia Nacional.

En dichos registros, la policía halló numerosa documentación "de vital importancia para establecer las dimensiones e implicaciones del fraude", continuaron las citadas fuentes.

Asimismo, intervino gran cantidad de documentos y facturas en blanco, así como soportes informáticos, que son analizados en la actualidad por expertos del Cuerpo Nacional de Policía y el Ministerio de Economía y Hacienda.

Aunque hasta la fecha las autoridades no han podido establecer el importe del faude, la Dirección General de Policía estima que podría ascender a varias decenas de miles de millones de pesetas.