Según informó este miércoles el Instituto Armado, los encausados en la 'operación Bomvoyage' están acusados de explotación laboral, falsificación de documentos mercantiles, estafas y fraudes a compañías de seguros y en subvenciones públicas.

La investigación se inició cuando la Benemérita detectó posibles irregularidades en autorizaciones de residencia temporal y trabajo a través de gestión colectiva de contrataciones en origen (Gecco) de una empresa agrícola de Hellín (Albacete). Se pudo averiguar que el proceso de selección en Senegal y Marruecos estaba amañado y que los seleccionados habrían pagado entre 4.000 y 6.000 euros.

Una vez que llegaban las personas, si no querían cumplir el contrato o regresar a su país, la organización les ofertaba vivienda y trabajos agrícolas precarios e incluso la regularización administrativa, cobrándoles entre 4.000 y 12.000 euros.

Se han detectado más de 300 posibles casos en los últimos tres años. A aquellos que sí querían trabajar, les explotaban laboralmente con extenuantes jornadas y deducciones ilícitas de su nómina, quedando el salario en apenas 200 euros mensuales.

IRREGULARIDADES CON LOS ALOJAMIENTOS

La organización también hacía negocio con los alojamientos alquilando instalaciones hoteleras o grandes fincas aisladas y en desuso, alterando los contratos para inflar los precios y así obtener mayores subvenciones públicas. Contaban con captadores en Senegal y Marruecos y gestores de los contingentes en España, mientras los cabecillas ejercían de "facilitadores" en tales países.

En la primera fase se han realizado registros en Hellín (Albacete) y Alhama de Murcia, incautando abundante documentación y bloqueando 15 cuentas bancarias. En una segunda fase, la Guardia Civil y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Albacete realizaron una inspección conjunta en la empresa y los alojamientos, constatando indicios de explotación laboral y de los derechos básicos de los trabajadores.

Durante la inspección se pudo constatar los cobros indebidos, el aislamiento e insalubres condiciones de vida en los alojamientos, incluso la falta de alimentos. Por ello, se realizó un procedimiento de urgencia para satisfacer sus necesidades básicas en el que participó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La Benemérita, en colaboración con la Subdelegación del Gobierno de Albacete, sigue investigando contratos y expedientes de personas en situación irregular en diferentes provincias, así como contratos fraudulentos junto con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. También se ha contado con intermediadores culturales de sindicatos como UGT.