En la operación policial se intervinieron monitores, ordenadores, copiones, tarjetas copiadoras y 796 copias ilegales de programas informáticos, material que hubiese alcanzado los 60 millones de pesetas en el mercado.

Esto ha permitido conseguir información sobre más de un millar de clientes de otras regiones de España, lo que elevaría el fraude a 200 millones de esetas. El caso ha sido trasladado al juzgado número 1 de Santander.