Del total de multas, 96.363 millones correspondieron a las 121.696actas de liquidación por descubiertos e impagos de cuotas a la Seguridad Social, 16.352 millones por infracciones contra la legislación laboral y 925 millones por obstruir la labor de los inspectores.

Entre las sanciones por conculcar la normativa laboral, 4.457 millones se impusieron por infringir normas en materia de empleo y contratación, 3.552 millones en seguridad e higiene, 2.072 millones en relaciones laborales (salarios y horarios principalmente) y 5.346 millones en Seguridad Social.

En e caso concreto de las infracciones en materia de empleo, la Inspección de Trabajo realizó 577.841 actuaciones, y en el 5 por ciento de ellas descubrió a trabajadores que cobraban el seguro de desempleo al mismo tiempo que desempeñaban un empleo remunerado.

A los algo más de 9.000 falsos parados detectados de esa manera se les retiró el seguro y a las empresas que ampararon el fraude se les impusieron multas de un mínimo de medio millón de pesetas. Domínguez explicó que estas cifras son sólo orientativs de la realidad, pero demuestran que el fraude al INEM es relativamente limitado.

Entre los aspectos positivos, Domínguez destacó la escasa conflictividad generada por la denominada ley de control sindical de los contratos, que sólo dio pie a 680 denuncias entre enero y junio de 1991, a pesar de la polémica que envolvió su promulgación.

LOS PROYECTOS DEL 92

De cara a 1992, el proyecto más novedoso de la Inspección de Trabajo es revisar todos los contratos que reciben bonificaciones y reduccions de cuotas a la Seguridad Social, así como los cofinanciados por el Fondo Social Europeo (FSE).

Entre estos contratos figuran los realizados a minusválidos, a menores de 26 años, a mayores de 45, en prácticas y para la formación. La inspección afectará al 30 por ciento de las 381.000 empresas de las que se tiene constancia que han realizado algún contrato de este tipo.

Otro proyecto de la Inspección es extender a nivel nacional la campaña inspectora realizada durante 1991 en Valencia para hacer umplir la norma que obliga a las empresas a tener un 2 por cien de su plantilla ocupada por empleados minusválidos.

La dificultad para realizar este plan estriba no sólo en la resistencia que oponen las empresas sino en la de las personas con minusvalías a inscribirse en el INEM para poder ser contratados, según explicó Domínguez.

Un tercer proyecto para el 92 consiste en potenciar la seguridad e higiene de los trabajadores del mar, mediante la inspección de 2.400 pesqueros y 288 buques mercantes en continuación de un trabajo iniciado en 1989.

Domínguez aseguró que las condiciones de seguridad de los pescadores son "preocupantes" incluso en embarcaciones nuevas. Añadió que han llegado a detectarse, entre otras deficiencias, barcos sin extintor.

En conjunto, el informe de la Inspección de Trabajo indica que los sectores que más incumplen la normativa laboral son los de construcción, comercio al por menor y hostelería.

Domínguez no quiso precisar qué porcentaje de las multas impuestashan sido efectivamente cobradas, pero recalcó que solicitarán una mayor colaboración de Hacienda para ejecutarlas. El impago o el atraso en el cobro es un problema crónico del Ministerio de Trabajo. En abril de 1991, las multas recaudadas suponían sólo el 50 por ciento de las impuestas en 1990.