El dato de inflación de noviembre es el que se utiliza para fijar la compensación a los pensionistas, ya que, al conocerse a mediados de noviembre (este año será el día 15) permite incorporar cualquier sobrecoste a los Presupuestos Generales del Estado.

A principios de año las pensiones subieron, como regla general, un 2%, por lo que los jubilados, de acuerdo a la legislación vigente, deben recibir una compensación para mantener su poder adquisitivo.

Cada décima de desviación de la inflación por encima de ese 2% tiene un coste actualmente de unos 140 millones de euros en materia de pensiones.

El pasado año la inflación se situó en el mes de noviembre, que es el que se toma como referencia para los pensionistas, en el 3,4%, lo que provocó que la Seguridad Social tuviera que abonar unos 1.870 millones de euros. Este año el coste será menor.

La mitad de los 980 millones de euros a abonar a los pensionistas -de confirmarse el 2,7% de inflación-, es decir, unos 490 millones de euros, se pagan a lo largo del mes de enero para compensar a los pensionistas por la menor subida registrada desde el 1 de enero en comparación a la evolución de los precios.

La otra mitad, dado que los pensionistas tienen garantizado su poder adquisitivo, permite consolidar dicho incremento en la pensión.

La Ley General de la Seguridad Social garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones, de acuerdo con la evolución de los precios, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual noviembre-noviembre y procediendo a su actualización.