En rueda de prensa, calculó que la desviación del IPC en noviembre (mes que se toma como referencia para revalorizar las pensiones) será de 1,5 puntos, lo que supondrá un pago a los pensionistas por los atrasos de 2005 de unos 960 millones de euros, unos 64 millones por cada décima de desviación de la inflación.

Además, otros 960 millones tendrán que ser destinados a consolidar esta subida en su prestación en 2006, lo que eleva el coste a cerca de 2.000 millones, dado que los pensionistas tienen garantizado por ley que sus prestaciones deben subir, al menos, como los precios.

A pesar de este fuerte impacto para las arcas de la Seguridad Social, Granado explicó que las cuentas de este organismo están saneadas, con una previsión de superávit de 6.986 millones, el 0,73% del PIB, para 2006, a lo que hay que sumar una cantidad similar para el cierre del presente ejercicio.

Destacó que, de este excendente procedente de las cotizaciones de trabajadores y empresas, se destinará más de 6.000 millones al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que superará los 35.000 millones de euros, cifra superior a los 32.917 millones que aparecen en la Ley de Presupuestos Generales del Estado presentados ayer y que se explica por los intereses que genera el Fondo.

PAPELES CERO

Granado destacó que uno de los objetivos de la Seguridad Social es acabar con el papeleo en la solicitud de prestaciones y otro tipo de gestiones con la Administración y se marcó como plazo para lograrlo el final de la legislatura.

Explicó que la intención del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es que pensiones como la de jubilación sean tramitadas en un sólo día, justo cuando el trabajador finiquite su relación laboral.

Sin embargo, Granado reconoció que este es un proyecto ambicioso y que no es sencillo crear la herramienta informática para desarrollarlo.