La mayoría de los involucrados son dueños de autoescuelas, que se dedicaban a suministrar las contestaciones correctas de los teóricos de todas las categorías de carnés, incluidos los que habilitan para transportar sustancias peligrosas.

La operación comenzó en marzo, cuando el instituto armado detectó en Ceuta una serie de irregularidades en los tests. Los alumnos conseguían saber las respuestas mediante diferentes "toques" en sus teléfonos móviles dependiendo de la solución correcta.

Seguidamente, se descubrió que este fraude se había cometido en otras 18 provincias: Sevilla, Valencia, Alicante, Cádiz, Granada, Córdoba, Jaén, Girona, Barcelona, Orense, Pontevedra, León, Cantabria, Madrid, Ciudad Real, Soria, Albacete y La Rioja.

Los dueños y empleados de autoescuelas facilitaban las respuestas a cambio de cantidades de dinero que oscilaban entre 1.200 y 3.000 euros, según la categoría de la licencia a obtener.

Los investigadores calculan que la organización podría haber ayudado a la obtención de unos 12.000 permisos de conducir de forma fraudulenta, que le habría reportado unas ganancias superiores a los 24 millones de euros.