Esta aseveración de Atutxa tiene como transfondo el escándalo que la pasada legislatura protagonizó el PNV al conocerse un exagerado parque ilegal de estas máuinas en el País Vasco, una recaudación incontrolada y unas concesiones de permisos para su explotación que infrigían la legislación vasca sobre estos juegos.

En la actualidad operan en la comunidad vasca un total de 11.600 permisos para tragaperras, de los 14.235 que la Dirección de Juego de la Consejería de Interior ha autorizado.

Atutxa indicó que con la aplicación del nuevo decreto regulador -cuya entrada se remonta a julio del año pasado- desaparecieron 142 empresas explotadoras de tragaperrs y 1.269 permisos.

El consejero aseguró ante los parlamentarios de la comisión que ahora existe un mayor control sobre estas actividades, con una avanzada informatización en la gestión de permisos de explotación. "Se ha llegado", dijo, "a la homogeneización de las condiciones en las que operan todas las empresas, independientemente de la administración por la que se hayan dado las autorizaciones".

Para evitar monopolios, se han fijado unos límites de mil permisos de explotación de tragaperras po empresa, y una misma persona sólo podrá participar en cinco firmas explotadoras. Atutxa destacó también que las fianzas que tienen que abonar los propietarios son las más severas de todo el Estado.