La investigación comenzó a raíz de la denuncia que una de las víctimas presentó en la comisaría del distrito de Latina. La mujer manifestó que había sido captada en Nigeria con la promesa de un trabajo digno y renumerado cuando llegara a España, a cambio de 40.000 dólares por los trámits.

Para pagar la deuda contraída fue obligada a vender su cuerpo en la Casa de Campo donde, cada día, sus captores se apropiaban de la recaudación.

Tras varias pesquisas, los investigadores localizaron a otras tres mujeres víctimas de la organización. El matrimonio tenía a las chicas totalmente vigiladas y en caso de que se negaran a trabajar eran amenazadas de muerte, bien en su persona o a miembros de su familia en Nigeria.