Según informó este viernes la Policía Nacional, los ciudadanos extranjeros interesados en solicitar citas se veían obligados muchas veces a recurrir a alternativas, incluso a contactar con los propietarios o intermediarios de los ‘bot’ a cambio de una contraprestación económica que oscilaba entre los 30 y los 200 euros. La investigación ha permitido identificar a 94 personas presuntamente involucradas en la organización criminal, 69 de las cuales han sido arrestadas y otras 25 investigadas.

La investigación, coordinada por agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif), tiene su origen en la investigación iniciada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia, judicializada en el Juzgado de Instrucción 8 de Valencia, tras un informe técnico de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Comisaría General de Policía Judicial.

Este informe permitió desbloquear una serie de investigaciones, llevadas a cabo por varias Brigadas Provinciales de Extranjería de España, relacionadas con los problemas existentes para acceder al sistema de petición de cita previa por parte de los ciudadanos extranjeros que se encuentran en España.

Las pesquisas policiales condujeron hasta una red criminal que utilizaba un ‘bot’ informático, basado en la realización de tareas repetitivas, predefinidas y automatizadas, con el que obtenían la práctica totalidad de las citas personales disponibles, imprescindibles para presentar trámites obligatorios de extranjería en todo el territorio nacional. Como consecuencia, el sistema quedaba inaccesible para los usuarios, interrumpiendo de esta manera el normal acceso a un servicio público gratuito prestado por la Policía Nacional como cuerpo policial competente en exclusiva para la realización de trámites de extranjería en todo el país.

El ‘bot’ informático desarrollado por la red criminal tenía la capacidad de evitar los mecanismos de seguridad instalados en la página web destinada a la solicitud de citas online, siendo capaz de librar los llamados ‘captcha’dirigidos a detectar la presencia de este tipo de programas informáticos. Los líderes de la organización, instruían a los intermediarios sobre la utilización de una conexión VPN (Red Privada Virtual), cuya finalidad era la ocultación de la dirección IP real del intermediario y la posibilidad de acceder a un mayor número de citas ya que, este sistema, cambiaba la dirección IP de manera automática evitando que el servidor bloqueara al intermediario por exceso de solicitudes de cita previa.

OPERACIÓN POLICIAL

En una primera fase de la investigación la Policía Nacional realizó distintas tomas de declaración, análisis económico-patrimoniales de sociedades y otras indagaciones que concluyeron con una primera operación policial en la que se practicaron cuatro entradas y registros. Los investigadores detuvieron a los cuatro principales integrantes de la organización en Barcelona y Valencia e intervinieron gran cantidad de efectos informáticos, diversa documentación y un total de 206.950 euros en efectivo.

Tras estos primeros arrestos los agentes llevaron a cabo una investigación económica en torno a los principales investigados, así como de la empresa utilizada para suministrar servicios de alquiler del ‘bot’ para la venta de citas de extranjería. Además, se llevó a cabo un análisis de la documentación intervenida en los registros y otras pesquisas que permitieron detectar de la existencia de un grupo de personas que actuaban como intermediarios, en connivencia con los principales investigados que habían sido detenidos.

La investigación también permitió localizar una serie de contratos mercantiles entre los intermediarios y los principales investigados para la prestación de servicios de ‘bots online’. A través de este documento reconocían que actuaban sobre el ‘bot’ como responsables del fichero y como propietarios de este recurso digital. Tras el estudio económico, se pudo comprobar que todas las transacciones estaban mencionadas en su concepto como “alquiler robot”. Incluso, se supo que los intermediarios habían recibido grandes cantidades de dinero en concepto de ingresos por la venta de citas de extranjería, provenientes de personas que pretendían solicitar asilo, a las que no quedaba otra opción que la de recurrir a pagar por conseguir una cita que, en circunstancias normales, es gratuita.

Por su parte, los intermediarios, abogados, gestores, asesores y otros conseguidores con los que trabajaba la referida empresa, eran conocedores y conscientes de la existencia de un daño informático contra la web oficial de citas y del correspondiente perjuicio que causaban a los extranjeros que, en muchas ocasiones, se encontraban en una situación de gran vulnerabilidad y desesperación.

SEGUNDA FASE

En una segunda fase, desarrollada en las provincias de Alicante y de Cáceres, la Policía Nacional identificó a dos personas responsables de la obtención masiva de citas que llevaban a cabo sus actividades mediante una empresa. Tras realizarse la entrada y registro en un domicilio de la provincia de Alicante, se intervino un ordenador que se encontraba encendido donde se hallaron , entre otras, varias ventanas de navegador abiertas conectadas a la página de citas de la sede electrónica, en el inicio de la solicitud de trámites de extranjería. En otra ventana había una hoja de cálculo que se modificaba de forma automática o remota.

Una vez finalizadas las dos primeras explotaciones operativas, agentes de la Ucrif Central, en colaboración con varias Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de diferentes provincias, realizaron las investigaciones necesarias para identificar y localizar el mayor número posible de integrantes de la organización con función de intermediarios o encargados de alquilar ‘bot’, que estaban obstaculizando el normal funcionamiento de la web de la administración pública.

Tras el análisis de la información obtenida hasta el momento, los agentes pusieron en marcha una nueva fase de investigación que culminó con la detención de 69 personas de la organización criminal en las localidades de Madrid, Albacete, Alicante, Almería, Badajoz, Barcelona, Vizcaya, Burgos, Cádiz, Córdoba, Baleares, Marbella, Murcia, Tarragona, Tenerife, Toledo y Valencia.

Los arrestados son considerados presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y daños informáticos. Asimismo, hay un total de 25 investigados no detenidos en las provincias de Madrid y Cádiz.