Según informó el Ministerio de Interior, la operación se ha desarrollado en Madrid, Navarra, Zaragoza, Guipuzcoa, Barcelona, Guadalajara, Teruel y Asturias, y ha concluido con la detención de once personas y la imputación de otras seis como presuntos autores de delitos contra la Hacienda pública.

De las investigaciones se deduce que esta red ha podido introducir en España más de 3.500 vehículos entre los años 2002 y 2004, lo que supondría un fraude por valor de unos veinte millones de euros.

En la operación se han intervenido más de 50 vehículos que se encontraban en poder de las 24 sociedades mercantiles investigadas, y se han bloqueado 18 cuentas bancarias.

La operación se inició en verano de 2004, cuando la Guardia Civil detectó una empresa que adquiría numerosos vehículos de lujo importados de la Unión Europea y comprobó los trámites seguidos para ello.

Se averiguó que los vehículos eran matriculados a nombre de determinadas empresas, sociedades interpuestas, creadas únicamente para cometer estos fraudes. Las sociedades declaraban un precio muy inferior al real al tramitar el impuesto de matriculación.

El coche era después vendido a tiendas de compra-venta a las que se proporcionaba la factura, pero el IVA correspondiente a la operación no era ingresado.