El Ministerio del Interior informó de que el fraude consistía en importar vehículos de alta gama procedentes de otros países de la Unión Europea, con objeto de comercializarlos a través de concesionarios multimarca, pero sin abonar los impuestos de matriculación y el IVA correspondiente.

Se estima que el entramado de sociedades instrumentales descubierto que llevaban a cabo esta actividad ha podido introducir en España más de 5.000 vehículos de lujo.

Una vez introducidos en España, los automóviles se matriculaban a nombre de estas sociedades instrumentales, que eran declarados por un valor muy inferior al real, por lo que el impuesto de matriculación a pagar era considerablemente inferior al que legalmente correspondía.

Las sociedades instrumentales vendían luego los automóviles repercutiendo un IVA que no ingresaban en Hacienda. Los vehículos eran adquiridos por establecimientos de compra-venta ubicados en Madrid, Toledo, Alicante y Ciudad Real, que se deducían un IVA que nadie había ingresado.

6.000 EUROS POR COCHE

Cuando el vehículo era vendido al cliente se le cobraba el correspondiente 16% de IVA, pero el impuesto no era ingresado en las arcas públicas, por lo que este fraude beneficiaba a las mismas empresas instrumentales que no realizaban liquidación ni declaración alguna y los distribuidores.

Por ejemplo, un vehículo valorado en unos 30.000 euros, si se declaraba por 10.000 euros, defraudaba cerca de 6.000 euros (3.200 eurosen concepto de IVA y 2.400 por el impuesto de matriculación). Esta cifra resulta de aplicar el 16 por ciento de IVA y el 12 por ciento del impuesto de matriculación a los 20.000 euros de valor que ha dejado de declararse.

Además, estas tramas de fraude perjudican al comercio legal de vehículos, por la competencia desleal de estas empresas y distribuidores, ya que contaban con un mayor margen comercial en el precio de los mismos. Entre los implicados en la trama se encuentran varios directores de entidades bancarias y gestorías que colaboraban con la organización.

Para la comisión de este fraude fiscal, los detenidos utilizaban sociedades que se creaban para cometer este tipo de delitos y carecían de instalaciones y empleados, para lo cual se registraban en centros de negocios o direcciones inexistentes.

Al frente de las mismas figuraban como administradores personas de confianza de los responsables de la trama. En la mayor parte de los casoseran ajenas a la actividad que desarrollan y a cambio de ceder su identidad para la creación de una sociedad, perciben pequeñas compensaciones económicas.

Estas sociedades permanecían activas durante breves períodos de tiempo y, tras su desaparición, se creaban otras nuevas para dificultar la labor de inspección de la Hacienda Pública y evitar los controles antifraude establecidos contra este tipo de tramas empresariales.

Para desmantelar esta trama ha sido fundamental la colaboración de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, según explicó hoy el delegado especial de la agencia en Madrid, Luis Cremades, quien recordó que "una de las líneas estratégicas de la Agencia Tributaria es colaborar con la Guardia Civil para prevenir el fraude".

En el desarrollo de la operación, se han practicado 7 registros domiciliarios: 4 Madrid, 1 en Olías del Rey (Toledo) 1 en Toledo-capital y 1 en Manzanares (Ciudad Real).