Según informaron fuente de la Jefatura Superior de Policía, han sido detenidos los máximos responsables de la organización: José Moisés Domínguez Sáiz, de 50 años; su esposa, María del Carmen Sevillano Corella, de 42; Rocío Salas Palacios, de 35, y Angeles Camacho Romero, de 25.

Entre la numerosa documentación intervenida a los detenidos figuran 600 fichas de mujeres peruanas introducidas en España y colocadas como empleadas de hogar en domicilios, sobre todo de Madrid y Sevillla, aunque también de otras capitales andaluzas Guadalajara, Segovia, Valladolid y Santander.

Las mismas fuentes precisaron que la investigación se inició hace dos meses, al detectarse la llegada a nuestro país de un elevado número de mujeres de nacionalidad peruana, que venían como turistas.

Sin embargo, la mayoría no había regresado a su país de origen y permanecían en España trabajando como asistentas e incluso algunas de ellas habían solicitado asilo político.

A pesar del mutismo que las mujeres mantenían sobre su situación, funcionaios especializados de la Brigada de Documentación fueron obteniendo los primeros datos sobre una importante red de inmigración clandestina que operaba en Madrid y Lima.

Las pesquisas llevaron a los investigadores hasta una oficina instalada en la planta 19 de la Torre de Madrid, donde tenía su sede el club Plaza Mayor, inscrito en el Registro Mercantil desde octubre de 1989 como asociación con fines sociales, culturales, recreativos y científicos, pero que en realidad se dedicaba a la inmigración clanestina.

Como fundador del club figuraba José Moisés Domínguez Sáiz, natural de Burgos y domiciliado en Madrid, y al frente del mismo se hallaba María del Carmen Sevillano Corella, argentina nacionalizada española y esposa del anterior.

La agencia contaba en Lima con la colaboración de "Viajes Trujillo", que ofrecía a las mujeres peruanas la posibilidad de trabajar en España de forma "legal" en el servicio doméstico.

Las candidatas recibían el billete de avión, con la condición de devolver suimporte y algún interés más adelante, y una bolsa de 2.000 a 3.000 dólares, dinero que les era retirado una vez pasaban la frontera española.

Además, la agencia limeña las instruía sobre cómo debían comportarse en el control del aeropuerto de Barajas, en el que debían declarar que el objeto de su viaje era hacer turismo. Una vez concluido el plazo de permanencia, les aconsejaban que pidieran asilo político para evitar la expulsión.

La organización española entraba en contacto con los empleadores or distintos procedimientos y les cobraba una cantidad fija de 50.000 pesetas.

Además, la agencia se llevaba una comisión del 8 por ciento del sueldo de las peruanas y cobraba los gastos de estancia y traslado del aeropuerto al punto de destino, trámites de los que se encargaba una de las empleadas detenidas.

Tras las comprobaciones pertinentes, la Policía realizó el registro de la oficina el pasado jueves y detuvo a los que considera principales implicados. En el momento de su intervención, 12 pruanas esperaban ser colocadas en diferentes capitales del país.

En los archivos de la agencia, los funcionarios encontraron gran cantidad de documentos, además de los 600 expedientes mencionados con los datos personales de las mujeres colocadas en el transcurso de un año, período durante el cual los detenidos llevaban ejerciendo su actividad ilegal.

Según las primeras estimaciones, los beneficios obtenidos por el cobro de sus servicios a los empleadores asciende a 30 millones de pesetas, a los qe hay que sumar el importe de las comisiones retenidas a las peruanas.

José Moisés y María del Carmen disfrutaban de un alto nivel de vida y residían en un chalé de Somosaguas, una lujosa urbanización madrileña. Además, tenían a su nombre 6 coches y una moto, entre ellos un "Mercedes 300", un "Porsche 928" y una "Ebro" ranchera.

José Moisés Domínguez había salido en libertad bajo fianza, decretada por un juzgado de Mataró (Barcelona), por la extorsión a un industrial, dos días antes de su arresto

Entre la documentación incautada, que la Policía continúa analizando, resaltan también datos sobre algunos personajes públicos, la mayoría empresarios, por lo que los investigadores creen que se empleaba para chantajes o extorsiones.

Además, figura un telefax enviado por María del Carmen Sevillano al director de la agencia de Lima, Jorge Guevara Renjito, en el que dice que necesita "mucha gente".

La mujer ofrece salarios de 60.000 pesetas mensuales y explica a su interlocutor que las contraadas deben ser "trabajadoras, humildes y leales" y aleccionadas para mantener la más absoluta reserva ante la Policía española.