El objetivo de este real decreto es ofrecer un marco jurídico que haga posible a las universidades españolas estructurar, con flexibilidad y autonomía, sus enseñanzas de posgrado de carácter oficial, para lograr armonizarlas con las que se establezcan en el ámbito no sólo europeo, sino mundial.

Para ello, introduce en el sistema universitario español, junto al título de Doctor, el título oficial de Máster y regula los estudios para la obtención de ambos.

Sin embargo, la Generalitat estimaba en su requerimiento que los artículo 5 y 6 del real decreto, que otorgan al Gobierno central la potestad para aprobar los programas de posgrado y establecer los criterios de calidad, vulneran competencias de la comunidad autónoma en materia de Educación, reconocidos en el artículo 15 de su Estatuto de Autonomía.

Por el contrario, el Gobierno entiende que tiene competencia suficiente para acometer dicha regulación, de conformidad con el artículo 149.1.30 de la Constitución, y de acuerdo con la habilitación que le otorga la Ley Orgánica de Universidades para adecuar las enseñanzas y los títulos al espacio europeo de enseñanza superior.