En el recurso de inconstitucionalidad, que suscribieron Federico Trillo y cincuenta diputados más, se argumentaba que la auditoría constituye una profesión liberal y no puede considerarse como un ejercicio de funciones públicas.

Los reurrentes consideraban que la ley impugnada contraviene la Constitución, entre otros aspectos, en el relativo a la potestad sancionadora y el control técnico encomendado ya al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), además de que no se adecúa al sistema general de colegios profesionales.

También señalaban que la nueva ley configura a los auditores como dependientes de la Administración y obligados a remitir sus informes y la documentación a la que han tenido acceso, cuando es competenca del ICAC acceder a esa documentación.

Sin embargo, en opinión del abogado del Estado que representaba al Gobierno, esos argumentos encaminados a justificar la inconstitucionalidad de la ley sobre la base de que regula una profesión son "manifiestamente infundados".

El TC ha considerado que la Ley de Auditoría está suficientemente justificada, ya que lo que regula es una actividad y no exactamente el ejercicio de una profesión liberal, como se cuestionaba en el recurso.

La sentencia afirma ue la actividad de auditoría se caracteriza por sus posibles efectos frente a terceros, lo cual hace lógico que los poderes públicos regulen los requisitos, condiciones y efectos que ha de tener.