Según informaron fuentes del MOPTMA, el trasvase que provocó la polémicafue de diez hectómetros. La sentencia, emitida el pasado 27 de marzo, reconoce que la decisión de trasvasar y la consideración de aguas excedentarias corresponden al Estado.

Asimismo, considera que se actuó justificada y razonadamente en defensa del interés público, dando respuesta a los problemas de insolidaridad y equilibrio interterritorial.

Además, concluye que en ningún momento se ha acreditado que el trasvase haya supuesto una quuiebra o perjuicio para las necesidades de la cuenca del Tajo. El Gobierno castellano-manchego recurrió el año pasado la autorización de otro trasvase de 55 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura y solicitó su suspensión cautelar. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó la petición.