En unas jornadas del PP sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2003, Zaplana indicó que ése sería el precio de que el Estado volviera a asumir la obligación de pagar los salarios de tramitación a partir de los 60 días dl despido, como se establecía en la normativa anterior al "decretazo".

Antes de la reforma del 24 de mayo, en la que se eliminaron los salarios de tramitación, el empresario pagaba los primeros 60 días de estos salarios y, pasado ese periodo, el coste lo asumía el Estado, en concepto de retraso de la Administración de Justicia.

Ahora el Gobierno quiere que todo este coste lo asuma el empresario, lo que la CEOE ha rechazado de plano. El coste sería, de 12 millones de euros, según Zaplana, quien annció que el Gobierno estudia aceptar la propuesta empresarial de volver a la situación previa al 24 de mayo.