En una carta enviada al responsable ministerial, Ibarra justifica su petición en "la importancia que para la economía de nuestras regiones (Extremadura y Andalucía) y para la pervivencia del sistema tiene la protección social de los trabajadores eventuales del campo".

Eso sí, el presidente extremeño incide en que con la eunión solicitada no pretende "interferir los posibles acuerdos con los agentes sociales" que se alcancen en la materia.

La supresión paulatina del subsidio agrario ha sido el único punto de la reforma de la protección por desempleo en el que el Gobierno no ha modificado la posición saliente del "decretazo" aprobado el 24 de mayo y que generó la convocatoria de la huelga general del 20-J.

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado diversas movilizaciones para las próximas semanas en Andalucía y Extrmadura que culminarán en enero con la convocatoria de una huelga en el campo si el Gobierno central no cambia su postura.

En su carta, Ibarra mantiene que "el PER y el AEPSA han sido fruto de los acuerdos entre las partes implicadas: Administración Central, sindicatos y patronal, por lo que debe ser en ese contexto en el que se establezcan y negocien los términos de la reforma que se pretende del subsidio agrario".

Rodríguez Ibarra aporta también algunos datos que avalan la importancia de las renas generadas por el subsidio agrario el pasado año, y que se cifran en 122 millones de euros en Extremadura y 769 millones de euros en Andalucía.

El presidente extremeño insiste en que el sistema de protección social de los trabajadores del campo "ha posibilitado el desarrollo social y económico de los pueblos y ha evitado una nueva emigración rural hacia las ciudades".

El sistema, recuerda Rodríguez Ibarra, "se sustenta en tres pilares: el subsidio agrario, el Plan de Empleo Rural y los planes d formación, que están indisolublemente unidos", por lo que, añade, "la eliminación de cualquiera de ellos afecta a todo el sistema".