Las investigaciones fueron realizadas por la Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS), que, tras una denuncia de la Subdirección Generl de Planificación y Coordinación de la Gestión Recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre supuestas actividades irregulares, descubrió seis empresas barcelonesas, de diferentes sectores de produccion y sin relación entre sí, que presuntamente habían cometido varios delitos de alzamiento de bienes.

Las citadas empresas, que presentaban deudas con la Seguridad Social que superaban los 400 millones de pesetas por impago de las cuotas de seguros sociales, procedían a pasar los biens susceptibles de ser embargados a otras sociedades constituidas al efecto utilizando testaferros, con lo que se ocultaba así la verdadera identidad de los gestores de las nuevas sociedades, que no eran otros que los de las empresas deudoras, eludiéndose así las posibles acciones de la Seguridad Social a efectos de responsabilidad.

Cuando la Seguridad Social procedía al embargo de los bienes de la deudora, las nuevas sociedades presentaban reclamaciones previas en tercería de dominio, con lo que la Seuridad Social no podía hacer efectivo el importe de la deuda, debido a la descapitalización que se había producido de forma intencionada por parte de las empresas apremiadas.

En cinco de las empresas investigadas, estas operaciones se realizaban a través de una entidad de asesoramiento de Barcelona denominada Consult S.L., que se anunciaba para asesorar a empresas con dificultades económicas.

Consult S.L. se encargaba de la constitución de las sociedades y la captación de testaferros, algo que llvaba a cabo entre clientes de la asesoría, que actuaban sin percibir nada a cambio, y en bonos, utilizando a personas conocidas en Barcelona por estas actividades, que percibían por cada firma entre 50.000 y 100.000 pesetas.

Asimismo, esta asesoría se encargaba de tramitar las reclamaciones en tercería de dominio, primero ante la Seguridad Social y, en caso de ser desestimada, ante los Tribunales de Justicia.

En las otras empresas investigadas se seguían los mismos métodos, en este caso por un assor fiscal de Villafranca del Penedés, G.O.P., quien figuró como testaferro en la constitución de la sociedad junto con familiares y amigos, a los que en algún caso pagó también la cantidad de 50.000 pesetas.