El Banco de España afirma que de este descenso de las reclamaciones puede deducirse un mayor grado de cumplimiento por parte de las entidades de la normativa disciplinaria y de las buenas práctivas y usos bancarios.

Otro dato positivo, según el Banco de Espaa, es que, a pesar de no se contemple un cambio en el carácter de los informes que emite el Servicio de Reclamaciones, cuyo cumplimiento es voluntario, las entidades acatan su contenido en un porcentaje muy elevado, que se traduce en un aumento en casi un 15% de las cantidades retrocedidas o abonadas a los reclamantes.

Según el informe, se mantiene la tendencia de que Madrid y Andalucía sean las comunidades autónomas con un mayor número de reclamaciones formuladas, si bien más de la mitad de los expedentes presentados en madrid -sede del servicio- provienen de incidencias ocurridas fuera de esta región.

Donde apenas hay variación es en la estadística referida a la naturaleza de las entidades contra las que se dirigen más reclamaciones, que siguen siendo los bancos. También son escasas las modificaciones en la ordenación de las entidades más reclamadas en comparación con años anteriores.

Sí se aprecian novedades en las materias que son objeto de reclamación ante este servicio del Banco de Espaa. Destaca un descenso de casi un 30% en el asunto que más quejas suscita, las operaciones activas, es decir, los préstamos y créditos que las entidades conceden a los clientes.

Llama también la atención el importante aumento en el número de quejas relacionadas con tarjetas de crédito y débito, lo que sumado al descenso registrado en el capítulo referido a letras y cheques conduce a que por primera vez este grupo vea superadas sus cifras por las del llamado "dinero de plástico".

Por otro lado, elBanco de España informó hoy de que han proseguido los contactos que, a nivel de la Unión Europea y auspiciados por la Comisión, viene manteniendo el Servicio de Reclamaciones con organismos que desempeñan una función similar en otros estados comunitarios, con el objetivo de homogeneizar criterios y sistemas de defensa del usuario de servicios financieros dentro de la política general de protección del consumidor.