Según informó el Ministerio del Interior, las pesquisas se iniciaron a raíz de la denuncia de una conocida aseguradora por el uso indebido de su marca por parte de un grupo financiero.

Posteriormente, cientos de particulares comenzaron a interponer denuncias, tanto en dependencias policiales como en juzgados de toda España, al no poder recuperar su inversión. Las víctimas habían invertido diferentes cantidades de dinero, que van desde los 5.000 euros hasta los 2 millones de euros, en productos ofrecidos por diversas sociedades de dicho grupo.

La investigación tuvo desde su inicio un extenso seguimiento por parte de los medios de comunicación, lo que provocó que muchas de las víctimas se enteraran de los hechos, impulsando la apertura de multitud de procedimientos judiciales hasta que la Audiencia Nacional asumió la investigación.

ESQUEMA ‘PONZI’

La estafa se realizaba con un esquema ‘Ponzi’ en el que los nuevos inversores pagaban las rentabilidades de los inversores anteriores. Aunque los primeros inversores han conseguido recuperar su dinero más intereses, el resto ha perdido sus ahorros o la mayor parte de los mismos.

El grupo desarticulado, a través de diferentes sociedades, ofrecía productos financieros con una rentabilidad atractiva a medio o largo plazo, haciendo creer a los inversores que dichos productos se encontraban bajo el respaldo de entidades aseguradoras de primer nivel.

Tras el análisis de las más de 130 cuentas tituladas por los investigados, los agentes determinaron que parte de los fondos se usaron para el enriquecimiento personal del principal investigado y su mujer, así como en menor medida del resto de los integrantes del grupo.

Otra parte importante de los fondos se destinó a la expansión a nivel nacional. En este sentido, llegaron a abrir hasta 29 oficinas por toda España. Por otra parte, un porcentaje de los fondos se emplearon para pagar productos o servicios de lujo, tales como vuelos privados, alquiler de yates, compra o alquiler de vehículos de alta gama, relojes de lujo o estancias en hoteles de cinco estrellas.

DETENCIONES Y REGISTROS

A mediados del pasado año, una vez que el principal investigado tuvo conocimiento de la investigación policial, comenzó a deshacerse de bienes inmuebles a su nombre y a expatriar capital fuera de España. Cuando su estructura empresarial colapsó, y quedó en evidencia la estafa, éste huyó a Colombia. En diciembre de 2023, al regresar a España, fue detenido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas nada más aterrizar.

El pasado marzo se realizó otro operativo policial en el que los agentes detuvieron a otras siete personas y registraron el domicilio del principal investigado y su mujer en Ponferrada (León). Fruto del mismo intervinieron un ordenador de sobremesa, dispositivos de almacenamiento, teléfonos móviles y documentación relacionada con pólizas y con las sociedades investigadas, así como dos vehículos de alta gama y numerosos relojes y bolsos de lujo.

Posteriormente, en el mes de mayo, se llevaron a cabo varios operativos en los que se realizaron los registros del archivo central del grupo financiero y de los locales que constituían las oficinas de la sede del grupo. En estas actuaciones policiales, además, los agentes detuvieron a una novena persona e imputaron a otra como investigada no detenida. Como resultado de los registros, se incautaron varios discos duros y numerosa documentación relacionada con los hechos, entre ella contratos de más de 200 víctimas.

Fruto de la investigación, los agentes han bloqueado numerosas cuentas bancarias de las sociedades del grupo investigado, así como de los principales miembros del mismo, y pólizas de seguros. Concretamente, se ha bloqueado una Sicav (Sociedad de Inversión de Capital Variable) con más de un millón y medio de euros, 540.000 euros de cuentas bancarias, 48.000 euros de planes de pensiones y 120.000 euros de pólizas. También se ha realizado el embargo preventivo de nueve inmuebles.