Los detenidos podrían haber conseguido por este medio unos ingresos de aproximadamente mil millones de pesetas mensuales.

Según informó la Jefatura Superior de Policía, los dos máximos responsables de la red, el británico Fred O., y el español José Antonio Ballesteros, efectuaban sus operaciones como director y gerente, rspectivamente, de la empresa Línea Catálogo, S.A (Lica), con sede social en la avenida de la Constitución, en Málaga.

Bajo la falsa oferta telefónica de venta de muebles e inmuebles, concursos "aparentemente inofensivos" que ofrecían regalos fáciles y ofertas de contactos personales, Lica ocultaba una amplia red de servicios relacionados con la corrupción.

Las ofertas de Lica, que comenzaron a ser investigadas por la policía tras una denuncia de la Organización de consumidores de España (OCU), relizada el pasado día 19, incluían un "juego de azar" cuyo premio era, tras asignar un número clave que había que enviar a un apartado de correos, "pasar un fabuloso fin de semana en un hotel de lujo con una de nuestras espléndidas chicas".

En este "juego", al que se podía acceder marcando el 903-382016, informaban además de las características de las cinco mujeres que se ofrecían al ganador. La policía judicial investiga ahora la relación de este servicio con una red internacional de contacto con menoes, de la que el grupo de investigación ha encontrado varias conexiones.

ABERRACIONES A LA CARTA

En el 903-382091, los presuntos delincuentes aseguraban regalar un televisor si se acertaban preguntas sobre temas musicales. Sin embargo, el comunicante comprobaba cómo una voz le decía que en realidad se trataba de un sorteo.

En el 903-832072, ofertaban dos "juegos" denominados "Los Nuevos Mandamientos" y "El Cucudrulu Burlón", que resultaban ser un texto plagado de insultos y ofensas a la religió, finalizaba con un número ininteligible elevado al cuadrado, que no repetían "porque no nos da la gana" y cuyo premio era "una parcela en el cielo".

Por otra parte, Lica, a través de una sociedad con sede social en el madrileño paseo de la Castellana -"Servicios Telefónicos de Audiotex, S.A."- consiguió del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado la concesión del número 903-333-903, al que denominaron "Super 903", para ofrecer premios de baja cuantía económica, como "walkmans".

Sin mbargo, el "Super 903" era una versión telefónica del juego de las "tragaperras". El consumidor, a través de una ayuda musical parecida al reclamo de esas máquinas, debía dar la orden de parada de las tres ruedas para conseguir una serie de puntos que daban derecho a entrar en varios sorteos. Con 800 puntos se podía optar a un "Vespino", con 1.000 ó más, a un coche.

Según las mismas fuentes policiales, José Antonio B.C negó haber infringido la legislación sobre el juego, por lo que no solicitó autorizción a la comisión nacional ni pagó los impuestos correspondientes. El grupo de investigación estimó en unas mil las llamadas diarias al "Super 903".

Otra sociedad del grupo, Difusión de Información Audiotex-Asociates S.L., con domicilio social en la calle Isabel Colbrand, de Madrid, y que entre los premios que ofrecía figuraba una suscripción anual a "Canal plus", ni siquiera fue inscrita en el Registro Mercantil.

En el registro de la sede de Lica, efectuado por funcionarios del grupo de investiación y de la comisaría de Torremolinos, se incautaron 400 millones de pesetas y diversa documentación (ficheros, cintas de cassette, vídeo y disquettes de ordenador).

Asimismo, diversos escritos hallados por la policía en un apartado de correos del que era titular Lica, S.A., han atestiguado la participación de menores en los servicios ofertados por esa empresa.

De los quince detenidos, todos excepto Fred O. y José Antonio Ballesteros, han sido puestos en libertad. Sin embargo, los responsables e la investigación aseguraron que numerosas personas relacionadas con los delitos de los responsables de Lica se encuentran en paradero desconocido.

Por su parte, OCU se "congratuló", a través de una nota, de la acción policial y advirtió de "las consecuencias dramáticas del libre acceso de los menores" a estos servicios.