Según informó hoy el Ministerio del Interior, la red podría haber blanqueado en España cerca de 100 millones de euros mediante inversiones en hoteles y otros edificios en zonas costeras.

En la operación han sido detenidos 13 presuntos integrantes de la red (9 españoles, 3 ucranianos y una ciudadana rusa), se han intervenido propiedades inmobiliarias (entre ellas un hotel de 4 estrellas en Almería) y se han bloqueado más de 60 cuentas bancarias, tanto en España como en varios paraísos fiscales.

Las investigaciones comenzaron cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de las cuantiosas inversiones inmobiliarias que estaba realizando en España un grupo de personas procedentes de países del este, dirigidas por ciudadanos de Ucrania.

Al parecer, la mayor parte del dinero lo obtenían de actos criminales como asesinatos, sobornos, agresiones o extorsiones. Los fondos los hacían circular a través de cuentas corrientes y sociedades constituidas en paraísos fiscales como las Antillas Holandesas, Belice, Bahamas e Islas Vírgenes, así como varias entidades de crédito andorranas, y finalmene entraban en España en forma de créditos o aportaciones de capital ficticias.

Este dinero era invertido en España en promociones urbanísticas y hoteles de costa, uno de los cuales, de 4 estrellas, con 400 habitaciones y localizado en Almería, ha sido embargado. Tamién han sido intervenidos 50 pisos puestos a la venta por una de las inmobiliarias pertenecientes a la red, además de numerosas obras de arte, algunas de ellas de Miró y de Fortuny.

Las propiedades eran posteriormente vendidas y el dinero que obtenían con estas ventas salía nuevamente de España con destino a diversos paraísos fiscales. También han sido intervenidos once vehículos de lujo y 13.000 euros en efectivo.

La red contaba con una importante infraestructura de gestión y asesoramiento, integrada por ciudadanos españoles y andorranos que les indicaban los lugares y oportunidades empresariales con las que podían obtener un mayor beneficio.

La operación ha sido realizada por los efectivos de las comandancias de la Guardia Civil de Barcelona, Tarragona y Almería, bajo la coordinación de la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos y la Audiencia Nacional.