A estas personas se les atribuyen los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según indica la Guardia Civil en una nota.

En total se intervinieron 48 terminales telefónicos sin procedencia lícita, 5.850 euros, tres ordenadores, un iPad, una tablet, cuatro tarjetas SD, 31 SIMs, dos pendrives, 13 permisos de residencia de terceras personas, cinco DNIs de terceras personas, una tarjeta de identidad belga, dos pasaportes de Marruecos, libretas de anotaciones y documentación bancaria de interés.

La investigación comenzó en noviembre de 2023, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento a través de la denuncia del dueño de una distribuidora de telefonía móvil en Valencia. El denunciante había recibido varios pedidos online de dispositivos móviles de alta gama por una cuantía de 9.490 euros y cuyo destino eran las provincias de Bizkaia y Barcelona.

Los agentes comenzaron la investigación analizando la documentación aportada por el denunciante, averiguando que los pedidos de telefonía fueron enviados a través de una empresa de paquetería a cuatro direcciones situadas en las localidades vizcaínas de Bilbao, Basauri y Leioa.

Comprobaron que los envíos correspondían a los denunciados por el dueño de la empresa valenciana. A su vez, los agentes descubrieron que durante el año 2023 habían realizado un total de 31 pedidos y utilizado 11 líneas de teléfono diferentes como contacto e identidades ficticias para dificultar su rastreo.

MÉTODO ‘CARDING’

Tras un estudio de las líneas de teléfono y las identidades supuestas, los guardias civiles lograron identificar otros 41 envíos de empresas de venta de tecnología y ubicaron dos establecimientos en Bilbao utilizados para el fraude. Los presuntos autores habían realizado las compras fraudulentas con tarjetas bancarias de víctimas residentes en Dinamarca, Alemania y Noruega, siendo el modus operandi la obtención de datos personales mediante ‘carding’.

Según explica la Guardia Civil, este método es un tipo de fraude que utiliza información de tarjetas robadas para usarlas de manera fraudulenta. Los datos que se sustraen son los relativos a dichas tarjetas, de ahí el término de ‘carding’ (card es tarjeta en inglés).

Los investigadores lograron averiguar que dos terminales móviles obtenidos de manera fraudulenta habían sido utilizados con líneas telefónicas marroquíes y se constató que la mayoría no habían sido activados en territorio español, por lo que habían sido transportados a terceros países para su uso o comercialización ilícita.

La Policía Municipal de Bilbao tenía abierta una investigación sobre un grupo criminal que enviaba a Marruecos teléfonos móviles sustraídos en zonas próximas al barrio bilbaíno de San Francisco y, gracias a su colaboración, se logró identificar a uno de los presuntos autores, un responsable de un establecimiento de venta de telefonía móvil en Bizkaia.

OPERACIÓN

La operación conjunta continuó con el análisis de las tarjetas bancarias obtenidas mediante el método ‘carding’ y utilizadas para la compra fraudulenta de los dispositivos tecnológicos. Se analizaron 33 tarjetas de 10 bancos diferentes con un valor total de compra de más de 56.200 euros, siendo 21 de ellas de Dinamarca, una de Noruega y once de Alemania.

La investigación concluyó que la organización criminal usó más de 100 tarjetas bancarias de forma fraudulenta, 13 líneas telefónicas diferentes como contacto para las entregas de los paquetes y la participación de al menos once personas y cinco establecimientos para la recogida de los envíos tecnológicos.

Los agentes realizaron cuatro entradas y registros, siendo una en el domicilio del presunto líder de la organización criminal en la localidad vizcaína de Zalla y tres en establecimientos en Bilbao. A su vez, se llevaron a cabo ocho inspecciones en locales de la capital bilbaína y Durango (Bizkaia) y el bloqueo de 17 cuentas bancarias.

Cuatro de los miembros de la organización investigados perciben la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), ascendiendo las ayudas obtenidas a más de 128.000 euros en los últimos cuatro años. Es destacable que el cabecilla de la organización criminal era el miembro que mayor cuantía cobraba de esta prestación económica.