Los agentes realizaron un dispositivo policial a mediados de mayo en el que participaron más de 200 efectivos. El operativo permitió la completa desarticulación de la organización y la detención de sus responsables, localizando en el domicilio del líder del entramado un laboratorio de cocaína en pleno proceso de elaboración de más de 37 kilos de sustancia.

Asimismo, realizaron 13 registros en distintas localidades de Madrid (ocho) y Guadalajara (cinco), y ocho inspecciones en las provincias de Madrid (cinco) y Málaga (tres). Como resultado de los registros, los agentes intervinieron 1.000 kilos de cogollos de marihuana, 37 kilos de cocaína, 10 armas, 105.116 euros en metálico, así como 17 vehículos y cuatro viviendas (valorados en siete millones de euros), entre otros efectos.

Además, fruto de la operación se han desmantelado dos laboratorios para el procesado de cocaína y dos invernaderos destinados al cultivo de marihuana, y se han bloqueado 20 cuentas bancarias.

INVESTIGACIÓN DESDE 2020

Según informó este sábado la Agencia Tributaria, la investigación se inició a finales del año 2020, cuando se detectó la llegada a Madrid de varios ciudadanos mexicanos, procedentes de Sinaloa, que rápidamente se instalaron en diferentes viviendas de lujo.

Al poco tiempo, los agentes observaron que los recién llegados comenzaron a trabajar en grandes plantaciones de marihuana situadas en la provincia de Guadalajara, donde recibían visitas reiteradas de personas vinculadas al tráfico de drogas.

Con el avance de las pesquisas, los agentes identificaron a un clan familiar, vinculado con cárteles mexicanos de la droga, que había introducido en España más de 10 millones de euros en metálico y oro de inversión con la finalidad de asentarse en España.

Los investigados comenzaron a comprar decenas de vehículos de lujo y viviendas de ‘alto standing’, así como a adquirir varios negocios y a constituir sociedades cuyo propósito, tal y como quedaría acreditado posteriormente, era canalizar los beneficios obtenidos de la venta de sustancias estupefacientes. Asimismo, los miembros de la organización no dudaron en comprar voluntades de distintos funcionarios para que les ayudaran a asentarse y a conseguir documentación.

Tras varias gestiones policiales, se evidenció que el clan familiar se relacionaba con personas, tanto españolas como extranjeras, con antecedentes y condenas vinculadas a la venta de sustancias estupefacientes, de forma que les facilitaban la entrada a un nuevo mercado que no era el suyo.

En un primer momento, el entramado basó su modelo de negocio en constituir sociedades en España, Portugal y Suiza para la explotación de los cultivos de cannabis. En este sentido, contaban con plantaciones de marihuana en diferentes provincias de España, cuya finalidad era la extracción de productos derivados del CBD en laboratorios de Suiza y Portugal.

Tras arduas gestiones, los agentes intervinieron 60 toneladas de plantas, hecho que motivó que la organización invirtiera en nuevos sistemas de cultivo basados en la creación de contenedores con un software inteligente que les permitiría obtener cosechas en menos de tres meses. Algunos de los miembros mexicanos del grupo criminal trataron de adquirir este negocio por una importante suma de dinero, si bien las actuaciones policiales lo frustraron.

Posteriormente, los investigadores localizaron varios almacenes donde la marihuana procesada, que había sido cultivada en grandes invernaderos de más de 4.000 metros cuadrados, era envasada al vacío y distribuida por distintos medios a los compradores, ocultándola en dobles fondos de mesas y otros muebles que enviaban por paquetería.

UTILIZABAN ‘MULAS’

Con el transcurso de la investigación, los agentes detectaron la llegada a nuestro país de personas, procedentes de Sudamérica, a las que la organización usaba de ‘mulas’ para introducir cocaína base en paquetes café. La droga era procesada, envasada y serigrafiada en dos laboratorios de la provincia de Madrid para, posteriormente, venderla a personas que venían de Croacia y Holanda con las que habían cerrado negocios previamente.

Además, también contaban con otras redes de distribución a través de ciudadanos chinos y otros vendedores, ubicados en diferentes localidades de Madrid, que incluso introducían la sustancia estupefaciente en centros penitenciarios.

Por otra parte, la investigación acreditó un movimiento de capitales “abrumador”. Así, cambiaban constantemente de viviendas, todas ellas de lujo, y se dedicaban a la compraventa de joyas y vehículos deportivos cuyos precios superaban los 500.000 euros. Esto obedecía al blanqueo de los beneficios que obtenían ilícitamente y, además, era una medida de seguridad para evitar ser localizados en una zona concreta.