En la operación han sido detenidas por el momento 52 personas, que pasarán en las próximas horas a disposición del juez. De ellas, 37 son mujeres acusadas de estancia ilegal en España. Los demás detenidos son los responsables de la red, la mayoría españoles, que prometían a las mujeres un trabajo digno y bien remunerado en nuestro pas. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Las investigaciones comenzaron tras la detección de un grupo numeroso de mujeres latinoamericanas y africanas que ejercían la prostitución en distintos bares de carretera de las provincias de Alicante, Bilbao y Murcia. Las más atractivas eran vendidas a los encargados de los establecimientos, que posteriormente se intercambiaban a las mujeres.

Por cada una de estas operaciones de compra-venta, los responsables de la red se emblsaban hasta 300.000 pesetas, que eran descontadas de las cantidades obtenidas por las mujeres.

Los ambientes sociales y laborales de bajo estrato social eran el objetivo de la red para la captación de las mujeres, a las que facilitaban una "bolsa de viaje" compuesta por un pasaporte (normalmente falsificado), unos 3.000 dólares para cruzar la frontera, billetes de avión y el dinero necesario para el alojamiento durante el traslado.

Antes de iniciar el viaje, eran instruídas por un miembro de la ed acerca de las frases que tenían que responder ante las preguntas de los funcionarios de la policía de aduanas. Si las mujeres no ofrecían suficiente confianza, eran acompañadas por un miembro de la organización que les retiraba la documentación y el billete de regreso.

La ruta habitual más utilizada para entrar en España desde Sudamérica era Río de Janeiro-París en avión, y desde allí en tren hasta Irún, donde eran recogidas en furgonetas y distribuídas por los locales. Las procedentes del norte deAfrica eran introducidas en nuestro país por vía marítima.

Una vez en España, el desconocimiento y la inseguridad las impedían denunciar las amenazas y coacciones a las que eran sometidas. Durante el período de "aprendizaje" eran obligadas a prostituirse con personas de confianza de los dueños de los locales, mientras los responsables de la red las obligaban a pagar los gastos del viaje multiplicados por cinco o incluso más.

Unas máquinas electrónicas permitían a los encargados de estos bares concer el tiempo exacto que las mujeres dedicaban a cada uno de los clientes y si tardaban más de 20 minutos eran multadas. Asimismo, un sistema de alarma avisaba a los dueños de los locales de la presencia de la policía.

En los establecimientos y domicilios registrados la policía ha intervenido cinco millones de pesetas, impresos bancarios de transferencias de grandes cantidades de dinero a bancos brasileños, una escopeta de cañones recortados, pequeñas cantidades de estupefacientes y documentos falsifiados.